Si Enrique Peña Nieto no construye un sistema judicial efectivo, ‘‘la violencia en México puede continuar o incluso empeorar’’, concluyeron especialistas de Crisis Group, una de las fuentes independientes más destacadas de análisis y asesoramiento a gobiernos en todo el mundo.

En su primer informe sobre la situación del país, titulado El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el estado de derecho en México, advierten que la corrupción es uno de los retos más graves a los que se enfrenta el gobierno, pues si bien ‘‘los vínculos entre los narcotraficantes, miembros de las fuerzas de seguridad y de la política tradicional emergieron a lo largo de siete décadas de la presidencia del PRI’’, la corrupción continuó con la llegada del PAN al gobierno.

Crisis Group integra a personajes como el inversionista y filántropo George Soros, el ex canciller y ex secretario general de la OTAN Javier Solana, así como ex presidentes y ex secretarios de Estado de países industrializados y en vías de desarrollo. El organismo consideró en su análisis que si bien México está lejos de ser un Estado fallido, se encuentra ‘‘bajo una amenaza criminal extraordinaria que la comunidad internacional debe comprender mejor’’, ya que se trata de un fenómeno que puede reproducirse en otras latitudes, como África o América Central.

Javier Ciurlizza, director del Programa América Latina y el Caribe del grupo de especialistas, convino sin embargo que el Pacto por México –y con éste el respaldo de las principales fuerzas políticas del país– ‘‘da una oportunidad para construir instituciones que puedan cimentar una paz a largo plazo y reducir la tasa de impunidad’’.

Esto último debido a que el país ‘‘sufre de una baja tasa de investigación e identificación para casi todos los crímenes, incluidos los graves como el asesinato’’, dijo al hacer referencia a que la tasa de impunidad para homicidios cometidos durante 2010 fue de 80.4 por ciento –con la peor cifra, 96.4 por ciento, en Chihuahua– y refirió estudios que advierten que esa tasa ha empeorado desde 2006.

Respecto de la política implementada por el presidente Felipe Calderón, el grupo recupera las expresiones de desaprobación que hicieron en su momento políticos y organizaciones civiles por enviar a las fuerzas armadas a realizar una labor para la cual no estaban preparadas y que les ha valido el descrédito entre la población por el gran número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Incluso, el documento destaca que si bien se contó para esta estrategia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, ‘‘los críticos sostienen que a pesar de los esfuerzos desplegados en la ofensiva de Calderón no se produjo un impacto significativo en el volumen total de drogas destinadas al país vecino’’, y sí un importante número de muertes en territorio mexicano, además de que el apoyo de Washington a esta política deja en el país ‘‘una de las oficinas de la DEA más grandes en el mundo’’.

Mark Schneider, vicepresidente de Crisis Group y asesor especial para América Latina, calificó de ‘‘positivo y esperanzador’’ el plan de seguridad lanzado por Peña Nieto, ya que aun sin conocer plenamente los alcances del mismo, el hecho de que ataque problemas como el hambre y la pobreza, que intente pagar la deuda histórica que tiene México con los indígenas y la reforma a los cuerpos de seguridad, abren una ventana de esperanza para el país.

‘‘Para conseguir las reformas hacia el futuro se necesita el apoyo de todo el espectro político, del sector privado y de la sociedad organizada del país, para que el plan de seguridad se transforme en leyes, programas y recursos necesarios para que haya un impacto fuerte en la seguridad de los ciudadanos. Lo importante es reconocer que hay un debate sobre este tema y aunque no todos están convencidos de que tendrá éxito, sólo de conseguirse la reforma para lograr una estructura más coherente entre los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno sería un avance muy grande’’, apuntó.