l nombramiento del policía Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) fue altamente cuestionado por diferentes sectores de la población, con especial repudio de los defensores de derechos humanos, quienes no sólo conocían, sino que en muchas ocasiones sufrieron sus embates en los puestos en que este policía se había desempeñado.
En una colaboración anterior hice un recuento extenso de su función pública en diversos momentos, que no vale la pena repetir ahora, pero lo que sí merece destacarse es que se trata de un policía represor de campesinos, maestros, comerciantes, periodistas, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación.
Y su actuación al frente del INM dos meses después sigue siendo sumamente cuestionable. Nombra coordinador general de delegados del instituto a Segismundo Doguín Garay, otro policía que fungió como director de la policía municipal de Saltillo, Coahuila, y encabezó la policía preventiva del estado, y es conocido por sus antecedentes por haber agredido a un grupo de periodistas (Contracara, Intolerancia Diario) y al que la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila le envió cuatro recomendaciones. Y hay más: Ardelio Vargas nombra a su asistente personal, Carla Morales Aguilar, como nueva delegada de Puebla, sin que, al parecer, tenga la menor experiencia en el tema migratorio. Por tanto, es claro que el INM va de mal en peor, pues se está conformando por policías que han recibido recomendaciones de las distintas comisiones de derechos humanos, que se han caracterizado por su desconocimiento total de la cuestión sobre derechos humanos, mientras la situación de los migrantes no ha mejorado ni un ápice en su tránsito obligado por el país para alcanzar la frontera norte, lo cual resulta simplemente dantesco.
Como señala fray Tomás González, dirigente de La 72 Casa de Migrantes, es una tragedia humanitaria y un holocausto lo que pasa desde hace muchos años en México, donde los migrantes se enfrentan no sólo al crimen organizado sino a policías corruptos
. Un caso, entre muchos otros, documentado por El Universal tiene que ver con la forma en que el INM realiza operativos, como fue en un hotel de la Zona Rosa, que sin ningún protocolo ni aviso pretendían revisar habitación por habitación, cosa que el gerente impidió. Los reporteros preguntaron al personal de Migración por qué realizaban la revisión, sin que respondieran nada.
En el foro Análisis e interpretación de la Ley de Migración y su reglamento, diversas organizaciones civiles calificaron de ineficiente al INM. Su director jurídico, Antonio Musi Leyva, admitió que el personal del organismo se ha involucrado con redes del tráfico de personas. Señaló que se ha despedido a cerca de 500 servidores públicos porque no pasaron los controles de confianza. La Asociación Internacional de ayuda al Migrante, Refugiado y Asilado AC acusó a los agentes migratorios de operar irregularmente en los aeropuertos. Refirió que los extranjeros que llegan por primera vez al país con visas de trabajo son obligados a pagar entre 800 y mil dólares a cambio de su ingreso en territorio nacional. O bien si no tienen documentos los dejan pasar por la parte de atrás.
El director jurídico justifica lo que sucede en el INM con el tema de los bajos salarios, la enorme carga de trabajo, la enorme responsabilidad, todo lo cual es caldo para la corrupción
y cuando se le siguió cuestionando sobre la impunidad y corrupción en que se ha sumido el INM, dijo que el evento era para analizar el reglamento y no para tratar casos de corrupción, y se fue. Así actúan algunos funcionarios.
En estas condiciones, lo que queda claro es que no hay manera de recuperar para el bien de México y los migrantes un organismo en el que parte de sus servidores públicos trabajan para el crimen organizado. Hay que cerrarlo, pero evitar la impunidad que corroe al país, sancionando con cárcel a todos aquellos que se les demuestre esos vínculos.
Por supuesto que es necesario un organismo que tenga las funciones del INM, pero que esté formado desde sus bases por personas que sepan lo que son los derechos humanos y estén dispuestos a respetarlos en forma irrestricta, que no criminalicen a los migrantes, a los que debe otorgárseles las mismas condiciones que queremos para los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, entre otras cosas, los papeles correspondientes para que dejen de ser invisibles y con ello se elimine su enorme vulnerabilidad. Así podrán transitar por el país, sin más contratiempos que los que tenemos que enfrentar, lamentablemente, todos los que vivimos en México.
