Guatemala, 19 de marzo.

El juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante su régimen (1982-1983), inició este martes, en lo que representa el primer proceso judicial aquí contra un ex mandatario de facto por ese tipo de cargos.

El histórico proceso, que llevará varios meses, se inició con casi dos horas de retraso debido a seis amparos y objeciones presentadas por los defensores para persuadir al tribunal de suspender el juicio, además del cambio de su equipo de abogados, e incluso una petición de Ríos Montt para ir al sanitario.

Está previsto que declaren 130 testigos y casi un centenar de peritos.

También está acusado de genocidio el general retirado José Rodríguez, jefe de inteligencia durante el régimen de facto.

Rodríguez, de 67 años, dijo a los periodistas que está tranquilo porque es inocente.

El ex jefe de inteligencia militar llegó a la sede de la Suprema Corte de Justicia en una ambulancia desde un centro médico castrense en el que está recluido desde que fue detenido en 2011.

Ríos Montt, de 86 años, es juzgado por la ejecución de mil 771 indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché, en una operación militar conocida como Tierra arrasada en el contexto del conflicto armado de 36 años que inició en 1960 y que dejó unos 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, de acuerdo con una comisión de la verdad auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Se trata del primer juicio por genocidio contra un ex jefe de Estado de facto, en este caso por la represión sangrienta desatada por las fuerzas armadas en contra de la población civil. Se estima que la época más cruenta fue entre 1980 y 1983, durante los regímenes militares de Romeo Lucas (1978-82) y Ríos Montt.

Al iniciar el juicio, el ex dictador se negó a declarar. Sí voy a declarar, pero no ahora, dijo, y la juez Iris Yazmin Barrios se concretó a informarle los delitos que se le imputan: genocidio y deberes a la humanidad.

Tras tomar juramento a un traductor, dado que varios de los testigos, la mayoría familiares de las víctimas, sólo hablan un idioma étnico local, compareció el primero de los dos testigos. El campesino Nicolás Bernal detalló que el 25 de marzo de 1982 los militares asaltaron la aldea donde vivía en la zona Ixil, y dieron muerte a 35 personas, entre adultos y niños.

Explicó que la mayoría de sobrevivientes fueron hombres que pudieron correr para ponerse a salvo y que permanecieron varios meses escondidos en una zona montañosa.

El juicio arrancó en medio de una serie de contratiempos luego de que Danilo Rodríguez, abogado del ex dirigente, con los otros tres integrantes del equipo defensor, fue retirado del caso por la juez Barrios, quien alegó que Rodríguez es amigo de un juez del panel de magistrados que celebra el juicio, y le dio a Ríos Montt una hora para encontrar otro defensor.

El ex dictador nombró entonces a Francisco García Gudiel, quien interpuso, sin éxito, seis recursos para tratar de convencer al tribunal de suspender la vista; entre otras acciones interpuso una recusación contra la juez, al alegar una enemistad con ella.

En respuesta, el juzgado ordenó la retirada de García y resolvió que, por este día, la defensa del ex general quedara a cargo de Moisés Galindo y César Calderón, abogados de José Rodríguez, ex jefe de inteligencia durante el régimen de facto, quien también se negó a declarar.

Calderón rehusó defender a Río Montt. La juez Barrios le dijo que no le estaba preguntando si quería defender al ex dictador, sino que era una resolución.

Por décadas, Ríos Montt evitó acusaciones por atrocidades perpetradas en su gobierno, protegido por legisladores con una ley que concedía inmunidad a funcionarios públicos.

Grupos de derechos humanos presentaron la denuncia de genocidio contra Ríos Montt en 2001, y una corte acusó formalmente a Ríos Montt en enero de 2012 después de que un juez encontró suficiente evidencia que lo ligaba a la muerte de más de mil 700 indígenas en un plan contrainsurgente ejecutado bajo sus órdenes.

Nacido en la provincia de Huehuetenango, Ríos Montt asumió el poder en marzo de 1982, cuando encabezó un golpe militar contra el general –ya fallecido– Romeo Lucas García, antes de que éste entregara la presidencia al general Ángel Aníbal Guevara.

A pesar de ser derrocado en agosto de 1983, Ríos Montt, que ha mantenido arresto domiciliario por más de un año, siguió políticamente activo vía la asamblea legislativa y en 2003 lanzó una campaña por la presidencia, que no prosperó.

La sala de vistas de la Suprema Corte de Justicia estaba abarrotada por unos 500 asistentes, entre mujeres indígenas, defensores de derechos humanos, la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, mientras cientos de sobrevivientes y familiares de las víctimas que se congregaron afuera del edificio, aplaudieron el inicio del juicio a Ríos Montt y gritaron consignas contra el ex dictador.

El inicio del juicio ha sido calificado de histórico por grupos de derechos humanos en un país en el que 98 por ciento de los casos criminales quedan impunes, según la Organización de Naciones Unidas.

El procesamiento de un general por estos delitos aberrantes a 30 años de ocurridos constituye un testimonio de la valentía y la tenacidad de las víctimas y organizaciones humanitarias de Guatemala, dijo a Afp Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch, quien participa como observador.

Aunque Ríos Montt no quiso declarar, su hija Zury, dijo que se politizó el proceso, aseguró que en Guatemala no hubo genocidio y que su padre es inocente.

Lo importante, aplicar justicia: Otto Pérez

El presidente y general retirado Otto Pérez, que en 1982 respaldó el golpe de Estado de Óscar Mejía contra Ríos Montt, también sostuvo que en Guatemala no hubo genocidio.

Si usted lee la figura, lo que significa genocidio, usted mismo se va a dar cuenta de que eso no ocurrió en Guatemala, afirmó el mandatario en improvisada rueda de prensa.

Yo digo lo que leí, lo que conozco y lo que he tratado de investigar sobre el tema, insistió Pérez, quien en 1996 firmó la paz en nombre del ejército.

No obstante, comentó que lo importante en este caso es la aplicación de la justicia.

Ana Menchú, hermana de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta, declaró que se vive un hecho histórico por la apertura del juicio y que luego de 30 años de gestiones ante la justicia, por fin fue llevado Ríos Montt a los tribunales.

En 1999 Rigoberta Menchú denunció a Ríos Montt, Mejía Victores y Lucas García ante la Audiencia Nacional de España por tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado. La acusación no prosperó.