Miércoles 20 de marzo de 2013, p. 41
Guadalajara, Jal., 19 de marzo.
La Universidad de Guadalajara (UdeG) no se retirará de Ayotitlán sólo porque a algunas personas que quién sabe qué intereses tengan les moleste
, dijo César Díaz Galván, director de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI), la cual brinda asesoría legal a los indígenas nahuas del sur de Jalisco para crear una policía comunitaria.
El universitario agregó que la UdeG tiene una responsabilidad y que el grupo de autodefensa estará coordinado con autoridades municipales, estatales y federales para brindar seguridad a los pobladores de un territorio donde abundan la violencia, las amenazas y el saqueo de recursos naturales
.
El domingo, en la comunidad más grande de las 50 que hay en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, se realizaron dos asambleas paralelas para votar la creación de una policía comunitaria.
Una fue convocada por la comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local en la casa del consejo de mayores y la otra se efectuó con acarreo masivo de personas en vehículos del ayuntamiento de Cuautitlán y con autoridades de los tres órdenes de gobierno. En esta última sede se votó contra el proyecto.
El alcalde de Ayotitlán, Pedro Sánchez Orozco, acusó a la UACI de hacer labor política ajena al proyecto académico y advirtió que hablaría con el rector de la UdeG para pedir una explicación.
Si (Sánchez Orozco) viene y habla con el rector, mi jefe, pues que me inviten para exponer mis puntos de vista. No sé qué les inquieta, si hemos insistido en que es un proyecto de autoprotección coordinado y de coadyuvancia. ¿Por qué se niegan? ¿Qué tienen que esconder o a qué le tienen miedo?
, inquirió Díaz Galván.
Cuestiona asamblea
Negó que su ausencia el domingo en Ayotitlán se debiera a presiones de la cúpula universitaria y aseguró que fue por cuestiones personales
, pero también para no dar pretexto
a algunos políticos molestos
con la UACI, entre ellos el alcalde y su secretario.
El apoyo que hemos dado a la comunidad desde hace casi 20 años no se ha interrumpido por ninguna acción política, como parece que ahora pretenden. Me parece muy extraño que los mismos pobladores de una comunidad afectada por la violencia ahora digan que no pasa nada, e incluso nieguen su derecho a participar en un esquema coordinado de seguridad pública
, concluyó.