l 18 de marzo de 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río aplicó la Ley de Expropiación (1936) a las compañías extranjeras que explotaban uno de nuestros más preciados recursos naturales. Esta medida permitiría el nacimiento de una industria nacional en la que durante varias décadas se ha sustentado el desarrollo de nuestro país. Hoy, en el aniversario de este acontecimiento, se prepara una nueva reforma en el sector energético (esta vez de carácter constitucional) que nuevamente pone en tensión a todos los mexicanos, pues mientras para algunos representa la oportunidad de modernizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y hacerla más eficiente, para otros significa la privatización de los recursos energéticos que habían sido rescatados por el gobierno cardenista.

Entre los distintos preparativos para llegar a la reforma, se encuentra la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, documento que fue aprobado hace pocos días por el Senado de la República y ha sido enviado para su discusión y eventual aprobación a la Cámara de Diputados. Se trata de un planteamiento importante, ya que incluye un diagnóstico detallado de la situación actual del sector energético y plantea las estrategias y líneas de acción que deberán seguirse en los próximos 15 años.

Tuve la oportunidad de leerlo y en mi opinión se trata de un documento que se caracteriza por su ambigüedad, pues se colocan en un mismo plano aspectos muy positivos para el desarrollo del país con otros que efectivamente apuntan a la privatización. Así, se propone hacer más eficiente el consumo de energía, democratizar sus beneficios apoyando a la población menos favorecida, avanzar hacia la transición energética mediante desarrollo de fuentes renovables de energía, la protección del medio ambiente, el combate a los efectos del cambio climático y expresa, en suma, una preocupación por el bienestar de los mexicanos.

Pero al mismo tiempo, en casi todos sus apartados prevé medidas para incentivar a las empresas y promover la participación del sector privado y la entrada de operadores independientes en prácticamente todas las áreas, como en los proyectos de ahorro de energía y aprovechamiento de energías renovables; el incremento de la cobertura y diversificación de la oferta de energéticos; la ampliación de la infraestructura en el sector; el suministro de energía; la creación de infraestructura para el transporte de gas, entre muchas otras.

La ambigüedad a la que me refiero hace posible que, de ser aprobado tal como está, el documento sirva de antecedente y punto de apoyo para la reforma constitucional en puerta, con lo que tendremos una reforma ambigua que dé lugar a cualquier cosa, o bien una que se apoye preferentemente en alguno de los dos aspectos señalados, es decir, modernizar y hacer más eficiente al sector energético conservando la propiedad de la nación sobre este recurso; o bien, hacerlo a partir de la apertura al sector privado en todos los frentes. A pesar de su aspecto plano y aséptico, me parece que el documento no deja lugar a dudas sobre la construcción de una plataforma que pueda servir de respaldo a la segunda opción, lo que permite anticipar también que en torno a la reforma se avecinan importantes conflictos de carácter social.

Hay un aspecto de especial importancia que debe ser considerado en los debates que se avecinan, y que el documento aborda apenas de forma tangencial: el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la modernización del sector energético. No hay, en mi opinión, un solo aspecto que no requiera de la participación de la ciencia y la tecnología, y tampoco hay en la propuesta algo que apunte claramente hacia la búsqueda de soluciones basadas en conocimientos propios, salvo menciones vagas a la necesidad de aumentar la formación de recursos humanos en estas áreas y a la participación marginal de institutos de investigación del sector estatal y universidades.

Los institutos de investigación del sector energético han sido sometidos por décadas a la penuria económica. En el presupuesto de egresos de 2013, representan sólo 9.5 por ciento del total del gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación. El Instituto Mexicano del Petróleo (al que incluso se quería desaparecer el sexenio pasado) tiene un presupuesto de apenas 5 mil millones de pesos, que es a todas luces insuficiente para hacer frente a las necesidades que plantea el documento citado.

Eso significa que los cambios que se proponen estarán basados necesariamente en la adquisición de tecnología extranjera mediante acuerdos de cooperación o cogeneración con características que desconocemos. Sería lamentable que la transformación del sector energético no esté acompañada del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país que permita acompañar la transformación de este sector.

Así, la reforma energética parece dirigirse no sólo a la privatización, sino a algo que en el siglo XXI puede ser todavía más grave: la dependencia científica y tecnológica permanente de nuestro país frente al extranjero.