Chimalhuacán, Méx., 18 de marzo.

El estudiante de derecho Miguel Ángel Loaiza Merino fue detenido, golpeado y asaltado por policías de Chimalhuacán el 13 de noviembre pasado, durante un operativo en el cual los uniformados utilizaron un vehículo particular equipado con radiocomunicación y torreta, así como la patrulla 554, la misma unidad que usaron agentes de ese municipio que mataron a un joven y violaron a su novia el 22 de febrero pasado.

Los agentes acusaron sin pruebas a Loaiza Merino de ser un extorsionador del crimen organizado. En respuesta, el universitario entabló una lucha legal para que se le repare el daño, porque mis vecinos ahora creen que soy un delincuente. Sin embargo, Loaiza sólo ha hallado omisiones de la autoridad y mandos que intentan encubrir el abuso perpetrado por elementos de la dirección general de seguridad pública y tránsito municipal.

Rosalba Pineda Ramírez, alcaldesa suplente durante el trienio 2009-2012, dijo que el asunto no era de su competencia y exigió que se demuestre que Loaiza no es un delincuente, aseguró el inculpado, quien con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) encontró pruebas documentales de que los policías utilizaron un vehículo no oficial para detenerlo.

También halló evidencia de que él y su hermano Jorge Rosas Merino –también detenido en el operativo– no eran a quienes los policías buscaban el día que fueron arrestados. Loaiza presentó estos argumentos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), la cual abrió una carpeta de investigación.

Cuatro meses después, autoridades municipales le niegan audiencia. El alcalde Telésforo García Carreón no lo recibe por considerar que no busca justicia.

El afectado dijo que recibió mensajes intimidatorios en su teléfono celular y por escrito, para que desista de la denuncia que presentó contra el director de la policía municipal, Cristóbal Hernández Salas, quien era jefe de la corporación cuando ocurrieron los hechos, en el gobierno anterior.

En entrevista, el denunciante presentó copia certificada de la querella que interpuso ante la PGJEM. En el expediente destacan contradicciones del mando y los policías. En el oficio DGSPYTM-CJ/393/2012, Cristóbal Hernández respondió a un requerimiento del departamento jurídico y consultivo del ayuntamiento que no existe registro de la detención y por ello no entregó nombres ni cargos de los elementos que participaron en la operación del 13 de noviembre de 2012.

No obstante, Loaiza Merino obtuvo por medio de la Codhem copia de varios partes de novedades emitidos en distintos días, en los cuales agentes detallan el operativo en que él y su hermano fueron agraviados. En uno de estos documentos, los policías de la unidad 554 aceptan que utilizaron un vehículo particular al ver que los presuntos se estaban retirando y su patrulla no arrancaba.

En otro parte de novedades, indican que la operación se realizó a petición del comerciante Daniel Jiménez García, quien denunció que un comando armado a bordo de una camioneta Grand Cherokee color blanca, con personas armadas y encapuchadas, los cuales portaban armas largas, le advirtieron que eran del crimen organizado y querían el cobro de piso.

Los agentes detuvieron a Miguel Ángel Loaiza y Jorge Rosas, quienes viajaban en una camioneta Ford Expedition verde con matrícula distinta a la del vehículo usado por el grupo armado.

Loaiza recordó que los policías de la patrulla 554 y del auto sin placas recibieron apoyo de los tripulantes de las patrullas 113, 114, 115, 004, 05, 338, 556 y 08.

En la inspección, los agentes no encontraron armas ni drogas sino despensas, porque Loaiza es beneficiario del banco de alimentos Dame para Ayudar del Distrito Federal, que le da productos para vender a bajo precio en Chimalhuacán. Aun así, los policías los presentaron ante el Ministerio Público.

El estudiante de la Universidad del Valle de México y editor de un periódico local denunció que en el cacheo robaron 4 mil pesos y una tableta electrónica.

Miguel Loaiza presentó denuncias penales contra los policías Israel Rodríguez Santos, Mario Lamberto Cortés Perea y Norberto Ramírez Jiménez, tripulantes de la patrulla 554 y del auto particular. De igual manera acusó a Cristóbal Hernández por encubrimiento y a Rosalba Pineda por omisión. También actuó contra el comerciante Daniel Jiménez por señalamiento irresponsable e infundado.

Exigió una disculpa pública porque se dañó mi imagen y que le devuelvan lo robado.

Amedrentan por teléfono a madre de joven vejada

Ana María Flores Santiago, madre de la menor violada, dijo que recibe llamadas telefónicas extrañas de un número no identificado. La PGJEM no ha detenido a los responsables. La joven identificó en dos fotografías a su agresor sexual, Pedro Becerril Ríos, y a Andrés Alán Hernández Gutiérrez, quien mató a su novio.

El Tribunal de Justicia del estado de México notificó que existe orden de captura contra los uniformados. Archundia Camacho consideró que la Codhem terminará pronto la investigación y emitirá una resolución, y sostuvo que el gobierno de Chimalhuacán notificó que los policías relacionados con la denuncia de Miguel Ángel causaron baja.

Daniel Suárez negó que la patrulla 554 está relacionada en este caso. Aseguró tener el parte de novedades íntegro y copia de la denuncia presentada por Loaiza, donde sólo señala a las unidades 08, 111, 113, 114 y 116.

Laura Castillo García, directora de comunicación social de Chimalhuacán, argumentó que las patrullas son insuficientes y por ello se rotan cada turno. Sí es la patrulla (del intento de extorsión del 13 de noviembre), pero los policías no son los mismos de Tlaixco. señaló.