Al lamentar que los tribunales mexicanos emitan resoluciones por consigna, Manuel Fuentes Muñiz, abogado del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del sindicato magisterial, expresó que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales posibles contra la reforma educativa, la cual prescinde incluso de la representación gremial de los trabajadores de la educación.

A su vez, maestros poblanos denunciaron ayer que en su entidad comenzó la distribución de una circular en la que la autoridad educativa prohíbe la actividad sindical en los centros de trabajo, y de no acatar esta medida los profesores serán sancionados o sometidos a medidas administrativas, de acuerdo con el documento.

Miguel Guerra, uno de los 41 cesados en Puebla por resistirse a aplicar la Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (Enlace), sostuvo que la medida restringe la relación entre maestros y padres de familia, como parte de la represión que utiliza el Estado contra aquellos educadores que se resisten a la reforma y que sostienen pláticas con los tutores para explicarles que también ellos pueden ampararse.

Hoy es posible ampararse contra una reforma constitucional

El abogado Manuel Fuentes Muñiz reconoció que si bien es cierto que el mejor amparo es a través de la organización magisterial, la conciencia y el llamado a evitar que se pisoteen los derechos de los educadores, advirtió que acudirán a varias instancias: en primer lugar, a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados de circuito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El doctor en derecho explicó que hasta el 6 de junio de 2011 no era posible ampararse contra una reforma constitucional. Sin embargo, dijo, ahora existe la posibilidad de recurrir a los tribunales cuando existe una violación a los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Al aludir al pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, apuntó que tanto la Carta Magna como los tratados internacionales tienen el mismo rango de protección de los derechos humanos, lo cual tiene consecuencias. Ejemplificó que aunque la pena de muerte fuera aprobada por dos terceras partes de los congresos locales, no podría establecerse, porque los pactos internacionales lo prohíben.

Asimismo, existe una jurisprudencia que establece que cuando exista una diferencia entre la Constitución y los tratados internacionales, deberá prevalecer aquella que represente mayor protección para la persona o implique menor restricción.

Explicó que la reforma educativa convierte los derechos labores en administrativos, retira la competencia del Tribunal Federal de Conciliación en los conflictos de permanencia del empleo, anula la bilateralidad de las relaciones laborales y aprueba que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación fijen unilateralmente las condiciones de conservación del empleo a los docentes sin la intervención sindical.

Al indicar que esta modificación es más severa que la reforma laboral, ratificó que a partir del martes tanto docentes como padres de familia acudirán a presentar sus amparos ante los juzgados de distrito en el país.