Exhibir públicamente a los sospechosos de un delito, como si ya hubieran sido juzgados, no sólo daña su prestigio y buen nombre –impidiéndoles regresar después a su vida normal, aunque sean declarados inocentes–, sino también a las propias instituciones de justicia, al violar los principios básicos del debido proceso, señalaron organizaciones de la sociedad.

Jesús Robles Maloof, abogado e integrante del colectivo Propuesta Cívica, subrayó que dichos actos no sólo perjudican a los indiciados, al exponerlos a una especie de linchamiento mediático, sino también a las instituciones encargadas de juzgarlos.

El único que puede determinar la culpabilidad de una persona es el juez, y si los sospechosos son exhibidos, la investigación queda sesgada y finalmente se infringe el debido proceso. Debemos exigir a las autoridades que cesen esta práctica, que por cierto fue muy utilizada en el sexenio anterior, y presenten indagatorias con evidencia sólida, indicó.

De acuerdo con el especialista, tampoco es válido afirmar que las presentaciones en público sirven para que las víctimas del delito reconozcan a sus agresores y los denuncien, porque esa estrategia no está basada en una investigación científica, sino en una posible identificación fortuita.

Los exhiben en los medios a ver si pega y alguien los reconoce. Posiblemente en algún caso habrá funcionado, pero muchas veces los sospechosos son declarados inocentes y su reingreso a la vida social y productiva queda cancelado, agregó.

Consuelo Morales, directora del colectivo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, afirmó que al mostrar públicamente el rostro de un indiciado se violenta el derecho a la privacidad, el prestigio y el buen honor, lo que muchas veces termina por influir en la decisiones de los juzgadores.

Cuando lo consideran responsable de un delito, sale en todos los periódicos, pero si después lo encuentran inocente, ya no hay la misma posibilidad de que en los medios se recupere del desprestigio. Es momento de recuperar los principios éticos de una buena comunicación y que las autoridades respeten la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva, manifestó la activista.