La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó formalmente el pasado viernes 15, por la noche, una denuncia penal contra 21 ex funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Genaro García Luna, por delitos –cometidos en el caso de la ciudadana de origen francés Florence Cassez– contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

En entrevista, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, manifestó: “Esta es la primer denuncia contra altos ex funcionarios federales en lo que va de mi administración –de noviembre de 2009 a la fecha–, porque en este caso hay una cadena de mando que permite abarcar desde los policías que intervinieron directamente hasta los que ordenaron o bien toleraron ese tipo de acciones”.

La CNDH, explicó el ombudsman nacional, ha presentado en los pasados tres años 169 denuncias penales ante la PGR contra servidores públicos responsables de violaciones a los derechos humanos. En 23 ya hay consignaciones y el resto están en proceso de integración e investigación.

Plascencia Villanueva expresó que las sanciones a que se harían acreedores los ex funcionarios y servidores públicos por el delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225, fracción siete, es a una pena de tres a ocho años de prisión; por el de abuso de autoridad, estipulado en artículo 215, fracción 15, de dos a nueve años.

Por el ilícito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción cuatro, de dos a siete años, todos del Código Penal Federal.

–En caso de acreditarse esos delitos, ¿todos los implicados deben purgar condena?

–Sin duda. Estamos hablando de responsabilidades penales en específico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo el pasado 23 de enero que se cometieron graves violaciones a las garantías básicas.

–¿Podrían imputárseles, producto de las investigaciones, otros delitos?

–Sí. Nosotros nos hemos atrevido a señalar los que detectamos de irregularidades, omisiones, violaciones graves a los derechos humanos. Sin duda, se trata de responsabilidades penales.

–¿Cree que se pueda hacer justicia en este caso si antes, incluso, el Senado llamó a comparecer a Genero García Luna por las recomendaciones no aceptadas y no pasó nada?

–El trabajo de la CNDH es seguir abonando para que se procure justicia. Agotaré todas mis facultades en la medida de lo posible. Lo hice el año pasado solicitando al Senado que lo citara a comparecer, porque rechaza las recomendaciones. Ahora, con esta situación derivada de la resolución de la SCJN, me parece que la mejor manera de abonar a una cultura de la legalidad es hacer la parte que nos toca, y en este caso, ante una situación tan delicada, pues la mejor manera es solicitar públicamente que se deslinden las responsabilidades específicas.

–¿Cree que aún se puede hacer justicia a las víctimas de secuestro que denunciaron la participación de la ciudadana francesa, a quien por las violaciones cometidas en el debido proceso dejaron libre?

–Este es un nuevo gobierno. Tenemos la esperanza y confiamos en que ésta se traduzca en resultados objetivos e inmediatos en la materia.

–¿La investigación de este caso se pudo seguir de oficio?

–Sí. De hecho, en 2006 se iniciaron averiguaciones previas, nada más que terminaron en la nada.

–¿Se pudo seguir de oficio el caso una vez que la SCJN decidió liberar a la ciudadana francesa porque se violó el debido proceso y se cometieron violaciones graves a los derechos humanos?

–Sí. Sin duda se pudo haber iniciado de inmediato. De hecho, se trata de delitos que se persiguen de oficio y fueron hechos del conocimiento público por la SCJN. Desconocemos si se abrió una nueva averiguación previa. Por ello la importancia de que hayamos presentada esta nueva denuncia. Esperamos que ahora sí se avance.

–En su opinión, ¿esta denuncia debe desahogarse rápido, ya que hay ex funcionarios implicados y el tiempo para fincarles responsabilidades está corriendo?

–Hay una sentencia definitiva de la SCJN, en la cual se dan por comprobadas diversas situaciones. Nosotros, en la denuncia presentada, las retomamos. Creo que ello podría desahogarse de manera muy rápida. No en días, pero sí en semanas. Nosotros lo hicimos en 49 días –integrar la denuncia–; nos parece que con la fortaleza de la PGR podrían tener resultados en un lapso mucho menor.

La denuncia, como anunció el pasado miércoles el ombudsman nacional, es contra 15 federales de investigación; dos agentes del Ministerio Público Federal; el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna; el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, Jorge Rosas García; el entonces director general de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, y el entonces director de Operaciones Especiales, Francisco Garza Palacios.