Al presentar mayor documentación sobre la queja que promovió en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el presunto financiamiento ilegal del sindicato petrolero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregó a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) nuevos elementos con los que pretende acreditar el vínculo entre el tricolor y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por un monto de 500 millones de pesos, similar al Pemexgate en el año 2000.

‘‘Es de destacar que el préstamo fue recibido por el STPRM el 8 de diciembre de 2011, por lo que al obtener dicha cantidad de dinero (el organismo gremial) formalizó su apoyo a la candidatura presidencial de (Enrique) Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), lo cual se hizo público el 13 de enero de 2012, conducta similar o igual a la realizada en la campaña presidencial de Francisco Labastida, candidato postulado por el Revolucionario Institucional en 2000’’, refiere el documento perredista.

En respuesta a la ‘‘vista’’ que le remitió la Unidad de Fiscalización, como parte del desahogo del recurso, el PRD envió una ampliación de sus argumentos relacionada con la pretendida aportación del crédito que sin intereses recibió el sindicato petrolero, lo que motivó la queja. Se trata de notas informativas y de los discursos del acto público donde el entonces dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, hablan sobre la adhesión del gremio a la campaña de Peña Nieto.

Presentada la queja, la Unidad de Fiscalización del IFE remitió oficio al sol azteca para que amplíe la información y explique las circunstancias en que 500 millones de pesos –que originalmente Pemex había aportado al sindicato– presuntamente habrían ido a parar a las arcas de la campaña priísta en 2012.

‘‘Se trata de actividades que ordinariamente se suelen realizar mediante operaciones formales o aparentes, ideadas y preparadas con antelación para cubrir, ocultar o disfrazar otras operaciones reales, como ocurre por ejemplo con los actos jurídicos simulados, en los cuales se oculta uno verdadero’’, menciona la representación perredista ante el Instituto Federal Electoral.

Ante esta petición señala que es deber de la Unidad de Fiscalización realizar las investigaciones pertinentes y que eso no debiera ser motivo para desestimar el recurso. El Partido de la Revolución Democrática demanda la aplicación de un ‘‘criterio flexible’’ en razón del monto de recursos involucrados y su posible impacto en el rebase de los topes de gastos de campaña del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.