l beneplácito de la plutocracia mexicana a la propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones no debería sorprender a nadie. Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Joaquín Vargas y los otros magnates mediáticos son los que más se beneficiarán de los jugosos nuevos negocios que se crearían a raíz de la reforma. Las modificaciones legales también permitirán a Enrique Peña Nieto manejar a su antojo un enorme botín de nuevas licitaciones, contratos y nombramientos para pagar favores a sus amigos y cooptar a sus rivales. En suma, la iniciativa no genera una coyuntura favorable para una redistribución democrática de poder, sino solamente para un reacomodo de fichas en el mismo tablero de siempre.
Si se aprueba la reforma, Slim podrá participar plenamente en la televisión, Azcárraga en el mercado de la comunicación celular y Vargas en los dos. La nueva figura de concesiones únicas
acabaría con las barreras que hoy existen entre las diferentes ramas de las telecomunicaciones. No fue coincidencia que el mismo día en que se presentó la iniciativa se haya desechado en tribunales la impugnación de la fusión Televisa-Iusacell, una alianza precisamente entre la empresa televisiva más grande del país y una importante empresa de telefonía celular.
Sin la reforma, empresas como Televisa y Telmex rápidamente perderían su rentabilidad, ya que se mantendrían encapsuladas dentro de sus concesiones respectivas. La reforma salva la vida de estas empresas y ayuda a sus dueños a diversificar sus inversiones para poder adaptarse a la conversión tecnológica y transición digital que hoy están transformando radicalmente las telecomunicaciones en el mundo.
Es ingenuo pensar que estas empresas aplauden la reforma porque hayan doblado la cabeza
ante el mensaje
que se mandó con la detención de Elba Esther Gordillo, como ha señalado Purificación Carpinteyro. Los oligarcas respaldan la iniciativa porque ellos mismos la pidieron y saben perfectamente bien que Peña Nieto jamás se atrevería a tocar con el pétalo de una rosa su absoluta impunidad.
Ahora bien, la propuesta de incluir en la Constitución el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación
sin duda implica un avance. Sin embargo, lo más probable es que este nuevo derecho quede en letra muerta. Por ejemplo, la meta de cobertura para descargas de alta velocidad de 70 por ciento de hogares y 85 por ciento de empresas pequeñas y medianas no incluye plazo alguno para su realización. Asimismo, la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas junto con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo garantizarán que las ganancias de la construcción y la utilización de la nueva infraestructura de telecomunicaciones fluyan a los mismos bolsillos de siempre. La única forma para evitar este macabro desenlace sería con una modificación de la redacción para señalar que el acceso a las tecnologías de la información debe ser gratuito
.
Otro aspecto que llama la atención es el sospechoso abuso de artículos transitorios
. La propuesta incluye 17 de estos artículos en 11 largas cuartillas. Muchas de las partes claves de la reforma se encuentran en estos artículos auxiliares y efímeros que no cuentan con el mismo rango que un artículo Constitucional. Por ejemplo, en este estatus se encuentran la obligación del must carry y must offer, la licitación de dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional y el criterio de 50 por ciento de control para ser considerado agente económico dominante
.
La forma de nombramiento de los titulares de los nuevos organismos autónomos
en materia de competencia y telecomunicaciones también deja mucho que desear. El Presidente de la República no estaría obligado a tomar en cuenta a la sociedad o presentar ternas al Congreso. El Ejecutivo se limitará a elegir su candidato favorito de entre los personajes depurados previamente en un examen aplicado por Agustín Carstens y Eduardo Sojo, para después someterlo al Senado para su ratificación
. No habrá auscultación pública o trasparencia alguna y los ciudadanos nos mantendremos como simples espectadores.
El Financial Times tiene razón al ligar la reforma en materia de telecomunicaciones con los esfuerzos por privatizar la industria petrolera (artículo aquí: http://ow.ly/j6W6C ). Con ambas reformas Peña Nieto busca generar nuevas oportunidades de negocios para sus amigos y repartir posiciones de poder a sus aliados. El nuevo Presidente una vez más sigue en los pasos de Carlos Salinas, cuyo supuesto reformismo
también terminó como un simple reparto de rentas
y favores.
Lo que México realmente necesita no es un reacomodo de fichas, sino otro tablero. Más que un Pacto por México
entre los mismos de siempre, hace falta un nuevo poder ciudadano que imponga nuevas coordenadas más plurales al sistema político. En lugar de nuevas oportunidades para los viejos potentados, se requiere de un relevo generacional con nuevos actores sociales, empresariales y políticos.
En este contexto, las gestiones de Virgilio Caballero y un grupo de destacados colegas periodistas para crear un canal ciudadano
en el Distrito Federal constituyen una luz de esperanza. Una iniciativa paralela tendría que desarrollarse a escala nacional y otros ciudadanos deberían desarrollar propuestas innovadoras para empezar a retomar paso por paso el espacio público para la ciudadanía.
Twitter: @JohnMAckerman
