Los gastos suntuosos y los excesos en el manejo de recursos públicos en el Instituto Federal Electoral (IFE) contribuyen a la vertiginosa caída de la credibilidad del organismo, consideró un grupo de diputadas de PRD y PT. Tras confirmarse la compra de un edificio –en el sur de la ciudad de México–, muy por arriba del avalúo inicial, para oficinas del organismo, la legisladoras se pronunciaron por terminar con actos de corrupción que dañan al erario.

Lilia Aguilar, representante por el PT, señaló que con hechos como el denunciado por el contralor Gregorio Guerrero se acentúan las dudas en torno de la autonomía constitucional del IFE, porque éste debería responder a los intereses de la ciudadanía, y no ser interpretado como un cheque en blanco que se les da a grupos de iluminados. Ellos, en este caso los consejeros del IFE, desempeñan un cargo público, y la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Vigilancia y junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), deberán iniciar una investigación sobre este delicado asunto.

Tal investigación podría comenzarse de oficio en la Cámara de Diputados, y correspondería a la Comisión de Vigilancia emprenderla. En el IFE tenemos excesos, y la única arma contra eso es la fiscalización. Se debe tomar una decisión, se debe actuar para averiguar este tipo de hechos deleznables. Tenemos que considerar cómo acotar a los órganos constitucionales autónomos para que nunca más se asuman como cheques en blanco.

La diputada perredista Gloria Bautista dijo que el papel de los legisladores no concluye al conseguir recursos para las instituciones, es su deber vigilar que se apliquen con transparencia.

“Es nuestra obligación que haya transparencia y que no se disponga de los recursos así como así, porque incurren en robo en despoblado. Pugnamos por la aclaración pública hasta sus últimas consecuencias. No sólo debe haber freno, el gobierno de Enrique Peña habla de buenas intenciones y lo debe demostrar.

“Los consejeros deberían ser ejemplo de probidad, y con su actuación comprometen la baja credibilidad del IFE. Se trata de que esto sea transparente, que en el ejercicio del poder los consejeros del IFE no abusen y ahora sí permitan –y acepten– que se investigue a fondo y se castigue a los responsables de otro desfalco en despoblado”.

Loretta Ortiz, también representante del PT, criticó con dureza el gasto hecho por el IFE. Es lamentable, con vergüenza señalo que ya estamos acostumbrados a los actos de corrupción, como la Estela de luz, y ahora la compra de inmuebles; está corrompido el aparato gubernamental, y auque se determine por la ASF que hay falta de probidad, nos quedamos siempre esperando que debería haber exigencia de responsabilidad, y devolución de la diferencia.

Expuso que la credibilidad del IFE se derrumba de forma vertiginosa, y en el interior de ese órgano autónomo nadie se responsabiliza, ni el presidente del Consejo General (Leonardo Valdés), quien siempre elude los sucesos mas críticos, ni el resto de los consejeros. También se sumó a la proposición para que sea la ASF la que fiscalice –por medio de una auditoría especial– los movimientos financieros del IFE.

Estamos en un estado de corrupción; lo que debería de hacerse es fortalecer a la ASF para terminar la investigación y darle capacidad de consignar a los delincuentes que dañan el patrimonio de los mexicanos y de la nación; los que pagamos impuestos somos los que pagamos estos robos. Es una forma esquizofrénica y las instituciones están diseñadas para que no funcionen las cosas.

La vicepresidenta de la mesa directiva, Aleida Alavez (PRD), refirió: en la opinión pública persiste la discusión respecto de las facultades financieras de los órganos autónomos, pero eso no puede quedar en la discrecionalidad. Creo que debemos revisar en la ASF para evitar la discrecionalidad.

Al preguntarle si aún es posible que el Congreso federal intervenga para acotar actos como el denunciado por Guerrero Pozas, la diputada Alavez replicó: Es un reto que tenemos para enderezar las instituciones del país, los despilfarros se dan en todos las instituciones y se deben poner topes a los gastos, y saber hasta dónde se pueden inflar las cifras, y no asumir criterios discrecionales y suntuosos de quienes encabezan las instituciones autónomas.