Ahuacachahue, Gro.

El pueblo se cansó. Nunca hemos estado en contra del gobierno ni de nadie, nomás tratamos de hacer la justicia que no nos dan, porque los delincuentes ya arrasaban con todo y nadie nos ayudaba. Para el gobierno la justicia sólo es el dinero.

Así explicó un integrante de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg) el surgimiento de la policía comunitaria en esta región de la Costa Chica, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, donde las historias de terror se volvieron parte de la vida cotidiana.

Durante un acto público, decenas de habitantes de esta y otras comunidades relataron los secuestros, extorsiones y asesinatos que sufren desde hace varios meses, sin que las policías oficiales o el Ejército hicieran algo para impedirlo. La delincuencia ya se había metido a los pueblos y pedía cuota a las tiendas, a los choferes, a los ganaderos. Estaba arrasando con todo; por eso el pueblo se cansó y empezó a hacer reuniones, recordó un miembro de las guardias de autodefensa, quien pidió el anonimato por motivos de seguridad.

Luego de una serie de encuentros, el 23 de abril de 2012 las comunidades de la zona nombraron en asamblea pública a los integrantes de la policía comunitaria, lo cual provocó una respuesta violenta de los delincuentes.

“Cuando supieron que estábamos organizándonos, el 23 de noviembre de ese año secuestraron a Eleuterio Maximino Flora, comandante del grupo, y lo golpearon salvajemente. Mi padre también fue secuestrado. Un día antes, nosotros habíamos detenido a una persona por violentar la paz pública, traer grapas de cocaína y amenazar a los ciudadanos”, afirmó.

Si los habitantes de la zona tuvieron que asumir tareas de seguridad pública –enfatiza– es porque los gobiernos de todos los niveles nunca han querido hacer ese trabajo. Si vamos a poner una denuncia, nomás se burlan; piden que les demos pruebas y testigos, pero ¿cómo vamos a tener pruebas si luego andamos solos?

En sus patrullajes, los policías comunitarios deben enfrentar amenazas, que van desde secuestros hasta robos y violaciones. Hacen una infinidad de cosas, pero nomás que la gente nos diga dónde están (los criminales) y le entramos sin tocarnos el corazón, porque estamos, ora sí, al 10 por uno, señala el hombre, aludiendo a la diferencia numérica entre ellos y los delincuentes.

Explica que las guardias de autodefensa se organizan en turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, con seis grupos por turno de al menos 12 elementos, quienes se comunican por radio cuando surge alguna eventualidad. En la punta de la estructura hay un comandante regional, seguido de un segundo comandante, un coordinador y varios consejeros. Aunque el trabajo de los policías es voluntario, algunos de los habitantes los apoyan con maíz, jamaica o frijol, que compensan lo que los agentes dejan de sembrar en sus parcelas.

–¿Vale la pena descuidar sus tierras por proteger a los demás?

–Sí, porque si uno los deja, estos amigos (los criminales) ganan terreno, y al rato piden a la hija o a la mujer de uno, y eso no es válido. Queremos que todos se liberen de la delincuencia. Yo el miedo ya no lo conozco, porque el pueblo me dio un poder para defenderlos. No estoy solo.

–¿Qué opina de la gente que dice que ustedes están al margen de la ley?

–Ahí hay una severa equivocación. Hay muchos de la prensa que son nobles de corazón, pero otros, con tal de ganar más dinero empiezan a no decir la verdad, y la verdad es que la gente confía en nosotros. No somos paramilitares y no estamos al margen de la ley –enfatiza.

En Ayutla, la policía comunitaria marcó un antes y un después en la vida de muchas comunidades. No frenó totalmente a los criminales, pero al menos devolvió a la gente una sensación de relativa seguridad que habían dado por perdida, señalaron habitantes de Ahuacachahue en entrevista con La Jornada.

Uno de ellos es Said Escamilla Lozano, cuyo padre –dueño de una tortillería– fue secuestrado el 3 de septiembre de 2012 a plena luz del día, por dos hombres armados que se lo llevaron a bordo de un taxi.

Aunque su familia averiguó los nombre de los agresores, obtuvo sus fotos y dijo a las autoridades dónde podrían estar, ni la policía estatal ni el Ejército hicieron el intento de buscarlo. En vez de eso, les dijeron que no denunciaran para no meterse en problemas. Desde entonces, no se sabe nada de don Leodegario Escamilla.

Lo que el gobierno no ha hecho en tanto tiempo, dejando pasar tantas injusticias y atropellos, la policía comunitaria lo hizo en unos días, afirma.