Las bancadas de PRD y PAN en la Cámara de Senadores exigieron al presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, que rectifique y envíe a esa cámara una fe de erratas a la minuta sobre el fuero constitucional o, de lo contrario, tendrán que devolverla a San Lázaro, ya que no pueden aceptar la alteración que se hizo para reintegrar la inumidad procesal al presidente Enrique Peña Nieto.

El perredista Luis Sánchez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, y el panista José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales refutaron al diputado Arroyo, quien un día antes rechazó que la minuta que se mandó al Senado el pasado 5 de marzo hubiera sido alterada.

Con los documentos en la mano; es decir, con las dos minutas, la que aprobamos en el Senado y la que nos devuelve la Cámara de Diputados puedo demostrar que ni siquiera se trató de un error, sino de una acción deliberada para introducir en la fracción quinta del artículo 111 constitucional el fuero para el presidente de la República.

Coincidente con ello, el senador Martínez Martínez expuso que Arroyo hizo uso de la habilidad y experiencia que tiene en materia legislativa para maniobrar e incluso sorprender a los diputados al someter a votación dos veces la minuta, una con lo aprobado en el Senado, que eliminó el fuero procesal de todos los servidores públicos, incluyendo al Ejecutivo federal, y otra para que se votara la propuesta del PRI y sus aliados en San Lázaro, para restituir el fuero al presidente.

Recalcó que ninguna de las dos propuestas logró la mayoría calificada necesaria, pero la maniobra de Arroyo hizo que lo que proceda es la permanencia del artículo, tal como está en la actualidad.

La redacción del artículo 111 constitucional aprobada en el Senado establece: Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el procurador general de la República, así como el procurador de Justicia del Distrito Federal, además del consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, no podrán ser privados de la libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal.

El Senado adicionó un cuarto párrafo a ese artículo en que se define: Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

En este cuarto párrafo se eliminó la inmunidad procesal del presidente de la República, pero al llegar a la Cámara de Diputados los priístas pretendieron eliminarlo, comentó el senador Sánchez Jiménez. Explicó que lo lograron en comisiones, pero no ante el pleno, ya que luego de revisar el video y la versión estenográfica de la sesión del pasado día 4 comprobaron que la propuesta de los legisladores del PRI no logró las dos terceras partes de la votación requeridas cuando se trata de modificaciones a la Carta Magna.

El problema, detalló a su vez el senador Martínez Martínez, es que Arroyo Vieyra, en su carácter de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sometió también a votación ese párrafo cuarto la minuta del Senado y no se logró la mayoría calificada. Después decidieron cambiar el orden del artículo 111 y ese párrafo cuarto pasó a ser el quinto en la minuta que regresaron al Senado.

Sin embargo, este nuevo párrafo aparece en el documento con comillas, lo que significa que se mantiene tal como está en la actualidad en la Constitución, en que se mantiene la inmunidad procesal al presidente de la República.

Es un hecho que el dictamen se alteró al llegar acá, no es la primera vez que se hace, todos recuerdan que durante la discusión de la reforma laboral, en septiembre del año pasado, en el trayecto de la Cámara de Diputados al Senado desapareció el artículo sobre condiciones de seguridad en las minas. Ahora se incluyó parte de un artículo de la Constitución no aprobado por el pleno en San Lázaro.

Destacó que ese tipo de irregularidades no se pueden permitir de quienes hacen las leyes y están obligados a respetarlas, por lo que o manda la Cámara de Diputados la fe de erratas o el Senado les regresa la minuta.

Por separado, el senador Martínez precisó que la mesa directiva ya pidió a la Comisión de Puntos Constitucionales que les regresen la minuta para que ellos a su vez la devuelvan a San Lázaro, lo que podría acordarse el próximo martes.

En la Cámara de Diputados se está en espera de ellos, luego del escándalo suscitado por las anomalías procesales y de redacción detectadas en la minuta que está en el Senado, donde la oposición no quiere dar el trámite legislativo para su desahogo, porque en caso contrario se incurriría en una falta de graves consecuencias.

No obstante, en San Lázaro se informó que el Senado no tendría ningún problema en modificar el artículo 111, numeral quinto, si decidiera retirar los puntos suspensivos y especificar que el presidente de la República mantiene intocado su derecho a la inmunidad garantizada por el fuero.