Tras varios meses de investigación, la Contraloría General del Instituto Federal Electoral (IFE) entregó un dictamen sobre la compra irregular de un edificio hecha en 2009 en Acoxpa (Tlalpan), en la que solicita la inhabilitación por cinco años de Fernando Santos, ex director ejecutivo de administración, y una multa de 124.6 millones de pesos por el daño patrimonial que generó al IFE por diversas ilegalidades en el proceso de compra.

Acorde con las investigaciones del contralor, Gregorio Guerrero, en el proceso de adquisición, Santos y el entonces director de recursos materiales, Gustavo Orozco, incurrieron en diversas conductas negligentes e incluso deliberadas para afectar al instituto en beneficio del vendedor del inmueble, además de omisiones informativas sobre las condiciones reales de la compra, cuyo monto fue de 250 millones de pesos.

Entre las principales irregularidades en que incurrió Santos destaca la manipulación informativa del valor real del edificio a su superior jerárquico, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina (quien promovió un recurso ante la Contraloría General, a instancias del presidente del IFE, Leonardo Valdés, cuando detectaron irregularidades en el procedimiento) y a la Junta General Ejecutiva. Sin embargo, aún falta que los consejeros aprueben el dictamen en sesión, pues existe un antecedente donde cerraron filas para rechazar un prottyecto similar de la contraloría.

El edificio adquirido por el IFE hacia finales de 2009 había sido arrendado por la institución desde un año antes, en respuesta al crecimiento que le implicó la reforma electoral. El instituto invirtió 41 millones para adecuar el inmueble, porque en esas instalaciones se colocó el equipo requerido por el Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado para el monitoreo de mensajes de campaña.

Originalmente se solicitó un primer avalúo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que fijó el costo comercial en 118 millones de pesos al momento en que el IFE lo arrendó. Sin embargo, se desdeñó esa valuación y posteriormente se favoreció otra, elaborada por Banobras, en que se hace referencia a un valor comercial de 262 millones de pesos, presuntamente por las inversiones realizadas por el propietario.

El documento destaca que incluso en esta segunda ocasión Bancomer era mejor alternativa de avalúo, pero se optó por Banobras, incluso contra la premura que se argumentaba, pues la dirección de administración esperó hasta cuatro meses para obtenerlo. A decir de la Contraloría, al momento de negociar el precio definitivo se hizo caso omiso a la inversión realizada por el IFE, y tampoco se dieron a la Junta General Ejecutiva mejores opciones, como el arrendamiento financiero, que hubiera sido más conveniente para el intituto electoral.

Incluso, la Contraloría advierte de conductas deliberadas del ex director de recursos materiales (investigado en otro expediente), quien realizó acciones encaminadas a incrementar el precio del inmueble en beneficio del propietario, a sabiendas de que iba en perjuicio del IFE. Ambos funcionarios sabían que un año antes el valor del edificio adquirido era 50 por ciento menor al que finalmente se pagó.

Sin embargo, en descargo, la parte acusada argumentó que el avalúo era de 262 millones de pesos y se obtuvo un precio de 225 millones (más impuestos) tras negociaciones con los propietarios. Empero, la Contraloría subraya que no hay constancia documental de esas presuntas negociaciones de Santos.

Otra responsabilidad que la Contraloría imputa al ex director ejecutivo de administración es no haber informado el carácter legal de la propiedad del inmueble, pues omitió notificar que tendría una propiedad en condominio (pues se construyó una plaza comercial a un costado), sin mencionar que el IFE sólo adquiría la unidad A, no la B, y no se hizo referencia en el precio, pues también se pagó de forma extraordinaria el costo total del inmueble sin reducir el espacio de la unidad B, que no es propiedad del IFE.