El vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira, llamó al pueblo de México a pensarlo muy bien antes de modificar la legislación que rige a Pemex, ya que cuando se abre cualquier brecha en la regulación no se tiene más el control.

Durante el foro Mitos y realidades de Petrobras, realizado en el Senado, Siqueira echó abajo la versión propalada por el gobierno mexicano de que la privatización de esa empresa brasileña fue benéfica. Lo que en realidad sucedió –dijo– es que las trasnacionales se apoderaron del cien por ciento del petróleo que explotaban; sólo pagaban 10 por ciento de impuestos y tampoco desarrollaron nuevas tecnologías”.

La privatización de Petrobras fue mala para la empresa y pésima para Brasil, y el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva tuvo que modificar la legislación para frenar a las trasnacionales, insistió.

Destacó que a partir de que la petrolera se abrió al capital privado en toda la cadena productiva –en 1997–, debió someterse a la ley estadunidense Sarbanes Oxley, lo que dificulta su accionar.

Siqueira dijo que es mentira que la tecnología sólo la poseen los capitales privados, ya que tanto Petrobras como Pemex pueden contratar el equipo y las técnicas necesarias para explotar aguas profundas sin la intervención extranjera y sin ceder su renta petrolera.

En el foro, convocado por el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, hubo otras voces que pidieron verse en el espejo de Brasil. Entre ellas la de Javier Jiménez Espriú, integrante de la Asociación de Ingenieros Constitución de 1917, quien advirtió que se requiere despertar la conciencia de los mexicanos y movilizarse antes de que sea demasiado tarde para impedir la entrega del petróleo y la electricidad a consorcios extranjeros.

Miembro del consejo consultivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jiménez Espriú dijo que se cae el mito de que debemos imitar a Petrobras, y queda claro que la intención es entregar la renta petrolera, como ocurrió a la empresa brasileña antes de la intervención de Lula.

Alertó sobre la decisión de Peña Nieto de continuar con el esquema que empezó con la reforma de 2008, cuando por medio de una trampa jurídica de interpretación, con los famosos contratos incentivados, se abrió la participación privada en el sector.

Con este mecanismo –dijo–, ahora se paga 75 por ciento de los costos del trabajo que realizan las empresas extranjeras que ganaron alguna concesión y, además, se les entregan 4, 5, 6 o 9 dólares, según la licitación, por cada barril que se extrae.

Bartlett coincidió en que se debe movilizar a la sociedad en defensa del petróleo y deplegar una amplia campaña de difusión para frenar las mentiras del gobierno federal y de los priístas, quienes insisten en que no se van a privatizar los energéticos.

Al respecto, el analista Alfredo Jalife-Rahme expuso que los priístas van a repetir hasta el cansancio que no habrá privatización, y dirán que es borrego, aunque vuele.

Desmintió luego las afirmaciones de los priístas, durante la discusión de la Estrategia Nacional de Energía –entre David Penchyna– de que no hay recursos para el desarrollo energético y se requieren 100 mil millones de pesos. Eso es falso –dijo–, sólo hay que ver que Pemex ocupa el lugar 34 entre las 500 petroleras más importantes del mundo.

En su turno, el ingeniero Francisco Garaicochea, ex funcionario de Pemex y presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, advirtió que la privatización de Pemex hará que se generen empleos en Estados Unidos, no aquí, porque “nos van a vender equipos, herramientas y el servicio, además de llevarse el petróleo.

A su vez, el economista Lorenzo Carrasco Bazúa aseguró que se tiene que conformar una alianza nacionalista entre Brasil y México y generar un frente nacional parlamentario independiente, porque se enfrentan presiones de potencias estadunidenses para asegurar el control sobre los recursos energéticos.