La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley Agraria, con la finalidad de evitar el creciente fenómeno de venta de islas del litoral nacional. El argumento para evitar la proliferación de este fenómeno es la urgencia de conservar la biodiversidad en el territorio insular mexicano.

Las islas en México constituyen 3 por ciento del territorio nacional, y albergan 20 por ciento de las especies mundiales de flora y fauna. Hasta ahora empresas inmobiliarias canadienses, estadunidenses y europeas han dedicado su esfuerzo a comercializar, mediante Internet, islas mexicanas –hecho que viola la Ley Agraria–, con el pretexto de que la desincorporación de los bienes nacionales se decreta cuando los terrenos son baldíos.

El dictamen, que recibió el respaldo de 429 legisladores se envió a la Cámara de Senadores, pretende otorgar certeza a la jurisdicción federal sobre el territorio insular, y propone preservar el dominio de la Federación por medio del cuidado de la flora, fauna y recursos soberanos de la zona económica exclusiva determinada por la Constitución.

Mediante la Ley Agraria se impedirá el amparo de la enajenación y desincorporación de los territorios nacionales o baldíos. La reforma redundará en fortalecer los instrumentos que den certeza jurídica a los títulos de propiedad, sin que puedan ser sujetos de explotación por personas o entidades extranjeras.

La venta de islas, que hasta ahora se ha convertido en práctica habitual en el ámbito inmobiliario en México, implica un problema de soberanía nacional, porque se ha descubierto que diversas empresas extranjeras comercializan las islas mexicanas de Platanitos, en el océano Pacífico, y las islas del Caribe, frente a Quintana Roo.

Hasta ahora algunas islas mexicanas han sido elementos de conflicto a la hora de ser ofrecidas, como ha sucedido con los islotes La Esmeralda, Platanitos, Cayo Venado, Cayo Culebra, Manglar y Tachichitle. Por ejemplo, en el caso de las islas Platanitos o las del mar Caribe, las ofertas van de tres a nueve millones de dólares.

El problema jurídico es que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido el derecho de transmitir su dominio a particulares para constituir la propiedad privada; no obstante, en la práctica las islas han sido consideradas en el régimen de los terrenos nacionales o baldíos, mismos que pueden ser enajenados o desincorporados al amparo de la Ley Agraria.

Con esto se ha pretendido favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias, como la agricultura; sin embargo, dicha regla opera de forma genérica para el territorio insular. Por tal razón la reforma considera necesario salvaguardar la soberanía nacional, favorecer la conservación de la biodiversidad, incluyendo las islas en apartado de domino público e inalienable.