A pesar de los avances legislativos recientes, México aún vive una emergencia en materia de derechos humanos, como lo demuestra la gran cantidad de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como la persistencia de las agresiones contra activistas de derechos humanos, advirtieron organizaciones de la sociedad civil durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas el pasado jueves en Washington.

En un documento de 32 páginas firmado por más de 70 colectivos de todo el país –entre ellos la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez–, se afirmó que en años recientes México ha tenido importantes cambios a nivel normativo.

Sin embargo, dijeron, la transformación del panorama nacional de patrones generalizados de abusos en contra de diversos grupos de la población y la implementación de medidas concretas para hacer vigentes los derechos humanos sigue siendo una deuda pendiente, que se ha hecho cada vez más grande.

Además de los intentos legislativos para echar atrás la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, todavía no se han concretado las modificaciones al Código de Justicia Militar, para que cualquier delito cometido por soldados en contra de civiles sea analizado por la justicia ordinaria.

En cuanto a los casos de desapariciones forzadas, los colectivos firmantes recordaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer una lista con más de 25 mil víctimas de ese delito, y subrayaron que el fenómeno se incrementó en años recientes, sin que las autoridades investigaran los casos ni castigaran a los responsables.

De igual forma, señalaron que las instituciones de seguridad del gobierno siguen incurriendo en prácticas como la detención arbitraria y la tortura con el objetivo de fabricar a los responsables de un delito, muchas veces cometidas en el marco de la figura legal del arraigo y siguiendo la tendencia de presumir la culpabilidad de una persona y no su inocencia.

Además, los defensores de derechos humanos todavía enfrentan amenazas y agresiones por parte de los grupos criminales y el Estado, 98 por ciento de las cuales quedan impunes debido a la falta de medidas cautelares y de investigación eficiente.

Las organizaciones le solicitaron a la CIDH que sus especialistas realicen una nueva visita al país –tomando en cuenta que la primera fue en 1996–, y le den seguimiento a todos los temas denunciados y a otros que también puedan requerir su atención.