egún la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 deberá ser diseñado con la participación de la ciudadanía, a partir de un proceso de consulta que se repite cada inicio de sexenio con un formato poco efectivo para recoger e incorporar las medidas y propuestas de los consultados. A pesar de que se cuenta con un marco jurídico que reconoce y respalda el derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración del que, tanto en la Constitución (artículo 26) como en la Ley de Planeación (artículo 21), es, en teoría, el principal instrumento que guiará el conjunto de políticas públicas del gobierno federal, los eventos que hasta ahora se han anunciado difícilmente podrán incorporar las iniciativas de una diversa, plural y compleja sociedad como la mexicana. Y ello a pesar de que la convocatoria de la Presidencia el pasado 28 de febrero anuncia que, se valdrá de los nuevos medios de comunicación digitales.

Es allí donde percibimos un primer riesgo de que lo esencial del proceso se concentre en esos medios, a los que todavía pocas personas tienen acceso, o de los que no harían uso para presentar sus propuestas, aun teniéndolos cerca. Sin duda lo presencial tiene mayor impacto para un ejercicio de democracia deliberativa, como debe ser la mencionada consulta. ¿Cómo cumplirá entonces con el compromiso de respetar todas y cada una de las voces de la sociedad?

En los tres meses que se le asignan se prevén cinco foros, que se corresponden con las cinco metas que anunció Enrique Peña Nieto en su toma de posesión. Lo que desde nuestro punto de vista es insuficiente. Nos preguntamos de qué diagnóstico se partió para definir esas metas, y peor aún para integrar los 95 puntos que son parte del Pacto por México, firmado sin consulta entre las cúpulas de tres partidos políticos y el Ejecutivo, antes de definir las estrategias, políticas y programas del PND.

Preocupa entonces cómo se armonizará el PND con las grandes definiciones contenidas en el pacto, cuando la población no había sido consultada, y cómo se conseguirá su congruencia con la reforma constitucional en derechos humanos, promulgada el 2011.

Por lo mismo debe reconocerse un México con una diversidad de expresiones de la sociedad civil: organizaciones sociales y ciudadanas que han desarrollado una gran experiencia en los ámbitos y temas que las ocupan, y cuyo acumulado de conocimientos y buenas prácticas en el abordaje de problemas sociales y atención a grupos o sectores es amplia y significativa.

Desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han venido fortaleciendo, y una expresión de esos avances son los mecanismos de participación y consulta –la mayoría impulsados por ellas–, formalizados en los ámbitos local, estatal y federal, con el objeto de influir en las decisiones y conseguir su traducción en políticas públicas. Tienen en efecto una larga trayectoria y experiencia en espacios de consulta y consejos ciudadanos, además de la integración de agendas de cara a los procesos electorales.

Las OSC generan modelos de atención en temas específicos, grupos de población o en territorios, donde implementan medidas, programas e iniciativas de ley. Por ello, en uno de sus recientes pronunciamientos, las OSC expresaron su preocupación porque no se valora el derecho que se han ganado como actoras de interés público reconocido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Afirman que tenemos derecho a proponer en temas de nuestro interés, para favorecer políticas públicas para la infancia, las y los jóvenes, las mujeres, el desarrollo local; para el ejercicio del conjunto de los derechos humanos, la migración, la seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente, entre muchos otros, en los que se cuenta con una agenda integrada y consensada.

El proceso de diseño del PND que actualmente está desarrollando el gobierno federal es una ocasión propicia para demostrar la voluntad política de incorporar a las OSC en la planeación democrática de nuestro país, para lo que el tiempo se agota, pues quedan apenas tres meses para la publicación formal del PND.

Por ello las OSC proponen también abrir un diálogo presencial, temático y efectivo entre sociedad civil y gobierno federal, que convoque a las OSC con trayectoria probada por su experiencia y trabajo comprometido con la sociedad, que estén interesadas en contribuir cualitativamente en algunos de los temas estratégicos del PND a un diálogo directo con deliberación, lo que implica una consulta que no pretenda sólo legitimar el PND, sino que integre sus aportes.

Además de contribuir en la elaboración de los diagnósticos; de proponer enfoques de derechos humanos, equidad de género y diversidad, entre otros, y de ofrecer alternativas, las OSC recomiendan incorporar procesos de monitoreo y evaluación, de ejercicios de contraloría social efectivos y reconocidos, así como mecanismos para el seguimiento y, eventualmente, difundir el cumplimiento o no de lo que se comprometerá en el PND. De esa forma se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas a las que están obligados los gobiernos.

Las modalidades de participación deben entonces ser amplias y diversas, como lo es la sociedad mexicana, y deben considerar los espacios formales, entre ellos los consejos ciudadanos. Pero sobre todo asegurar que en el propio PND quede establecido el derecho de participar no sólo en el diseño, sino en la evaluación de las estrategias, políticas y programas que harán parte del plan.