l enfasis mediático en la proliferación de los nombrados grupos de autodefensa desenfoca la mirada pública en las tendencias que provienen desde el mismo Estado de gestionar modelos de seguridad que protegen intereses políticos y de particulares. Mientras los medios contruyen un relato alarmista sobre la apropiación ciudadana de tareas que –según estas narrativas– corresponden exclusivamente a las instituciones estatales, llama la atención que ausente de los debates recientes está la tendencia de privatizar, militarizar y politizar las funciones de seguridad pública.
En el continente, sólo Brasil supera a México en el número de elementos de seguridad privada, que a finales de 2012 sumaba casi medio millón de hombres armados. La reconfiguración del campo de la seguridad también tiene otras aristas. Expertos en la materia señalan que ahora que las tareas de seguridad pública están nuevamente a cargo de la Secretaría de Gobernación (tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública), existe el riesgo de que la policía sirva para proteger los intereses políticos de los partidos gobernantes. A pesar de lo alarmante que resulta, ha habido poca discusión pública sobre la opacidad con la que se diseña la militarización de las tareas policiales desde la futura gendarmería nacional.
Por otro lado, los debates públicos en torno a las llamadas autodefensas también ignoran los cuestionamientos profundos que las organizaciones indígenas de policía y justicia comunitaria hacen a las tendencias dominantes en el campo de la seguridad y sus nexos con las políticas de desarrollo. Independiente de su diversidad de reclamos, acciones y posturas políticas, se aprecia una tendencia de estas organizaciones indígenas de señalar las condiciones de inseguridad generadas por un cúmulo de violencias estructurales. Particularmente coinciden en denunciar los impactos de modelos de desarrollo neoliberal de las décadas recientes que colocan los intereses del mercado, de los sectores privados y de intereses de particulares por encima de las necesidades de los pueblos.
Denuncian que la militarización de sus regiones viene acompañada no sólo de más inseguridad, sino de proyectos extractivistas, como son las concesiones privadas a las mineras en Guerrero, Oaxaca, Puebla, entre otros estados del país, que ponen en riesgo sus recursos naturales y territorios como pueblos. Este patrón de fragmentación en el campo de la seguridad, con el correspondiente aumento de la violencia e impunidad en regiones indígenas, a su vez facilita el modelo neo-extractivista del capitalismo trasnacional, lo cual se replica en otros países del continente, como Colombia o Guatemala.
A la luz de estas amenazas, se tienen que entender las luchas de los pueblos indígenas organizados por fortalecer sus autoridades y sistemas de derecho propio no sólo como parte de sus reclamos a la autonomía y libre-determinación, sino como aspectos fundamentales para la sobrevivencia física de sus pueblos. En ese sentido, las experiencias de organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las organizaciones indígenas y afro-descendientes en la región del Chocó de Colombia nos recuerdan que el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos pueden llegar a jugar un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social y en la elaboración de propuestas colectivas de paz frente a condiciones de violencia y de inseguridad. Son justo estos reclamos y alternativas los que deben ocupar un papel central en los debates públicos en el país.
