l amplio descontento magisterial que se originó con la aprobación de las reformas constitucionales en materia de educación volvió a quedar de manifiesto ayer, con una multitudinaria marcha en la capital de país y con la presentación de decenas de miles de amparos en contra de las referidas enmiendas legales, además de los bloqueos que llevaron a cabo docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero en la Autopista del Sol, las movilizaciones de estudiantes de escuelas rurales en Chiapas y el anuncio de un paro docente en Oaxaca.

A reserva de esperar los resultados de las mesas de negociación instaladas entre los maestros inconformes y autoridades federales y estatales –concretamente la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo guerrerense–, las expresiones de inconformidad registradas ayer son indicativas del fracaso de los intentos gubernamentales por convencer a los profesores del país de las supuestas ventajas de la llamada reforma educativa: a contrapelo de la propaganda oficial que señala que dichas modificaciones son la panacea ante los rezagos nacionales en esa materia y que respetan los derechos de los docentes, persisten las críticas de especialistas por el supuesto simplista en que descansa la legislación referida: los maestros son los responsables casi únicos del retraso, sin que existan directrices claras que indiquen la forma en que se conseguirá mejorar la calidad de la enseñanza. Los docentes, por su parte, ven en las modificaciones legales un atentado contra sus derechos y conquistas laborales.

En las jornadas de protesta de ayer, por lo demás, pudo verse una articulación de la lucha magisterial en contra de la reforma educativa con añejas demandas del gremio, como la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –sometido recientemente a un relevo en su dirigencia que a primera vista parece meramente cosmético– y la defensa de la educación pública. No es descabellado suponer, ante esa apertura del abanico de reivindicaciones magisteriales, que la lucha gremial sume fuerzas más allá de los ámbitos tradicionalmente opositores, y que se termine por configurar un conflicto de alcance nacional como consecuencia de la orientación neoliberal y de la actitud excluyente con que los sucesivos gobiernos han conducido la política educativa en sexenios recientes.

El gobierno federal, en suma, tiene ante sí la disyuntiva de suscribir la línea autoritaria y punitiva que reivindican algunos de sus funcionarios –particularmente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien insiste en que se debe sancionar económicamente a los profesores que decidan participar en protestas públicas, paros de labores y otras muestras de inconformidad, y ha dicho que se aplicará la ley en contra de ellos–, o mostrar oficio político y altura de miras, lo que implica necesariamente reconocer la procedencia de las demandas de los docentes y sentarse a negociar con ellos.

De la forma en que las autoridades del país resuelvan esa disyuntiva dependerá el crecimiento, o no, de un conflicto social de consecuencias aún imprevisibles, pero necesariamente negativas para la estabilidad política nacional.