Cuernavaca, Mor., 14 de marzo.

En México existen alrededor de cuatro millones de viviendas deshabitadas porque durante al menos tres décadas las autoridades de los tres niveles de gobierno no pusieron orden en la construcción de fraccionamientos sobre tierras sin servicios, informó Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Luego que las autoridades desligaron el problema de la tierra con la vivienda y el problema de desarrollo urbano, ha habido un crecimiento desproporcionado, al grado de que hace 30 años había sólo 15 zonas metropolitanas y actualmente tenemos 59, dijo al ofrecer la conferencia magistral Infraestructura para el crecimiento económico y el combate a la pobreza, en el contexto del quinto Foro nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Durante ese tiempo de desorden, que aún sigue, cualquier empresario compraba ejidos baratos para construir viviendas, sin importarle que no tuvieran servicios ni vías de comunicación o estuvieran cerca de la ciudad.

A esa falta de orden se debe que en el país existan mil conflictos agrarios porque la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra solo regularizaba, la Procuraduría Agraria intervenía cuando daba fe de la asambleas de ejidatarios para cambiar el uso de suelo de su propiedad, y la (entonces) Secretaría de la Reforma Agraria sólo intervenía cuando había algún problema legal, que siempre había, para resolver, afirmó el funcionario federal.

El gobierno reconoce que es el principal responsable del problema y por eso trata de alinear los tres temas: el problema de la tierra, el problema de la regulación del desarrollo y la construcción de viviendas, de tal modo que propicie una calidad de vida que permita que los mexicanos sean productivos, porque no pueden ser personas productivas las que compren o vivan en casas de 32 metros cuadrados, o casas de una sola habitación, o que vivan en el último cerro visible de la ciudad.

Para lograrlo se coordinará con las 59 zonas metropolitas del país con el propósito de realizar un programa nacional de desarrollo urbano, el cual será el eje rector con los diferentes estados y con los programas municipales de desarrollo urbano.

En otras palabras, no vamos a hacer casas donde sea, no le vamos a dar recursos de (el programa) Hábitat ni de rescate de espacios públicos, de modernización, de rescate de zonas prioritarias a ningún municipio que no hayan participado en los esquemas de organización, advirtió el funcionario.

Víctor Manuel González Olivares, presidente nacional del IMEF, demandó que en la inversión de infraestructura de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes debe de invertirse 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país para mejorar en cada asentamiento urbano del país transporte, telecomunicaciones, energía, sector hidráulico, turismo y vivienda.

Recordó que la administración federal anterior estableció una meta de inversión para desarrollo de infraestructura de 699.4 millones de pesos anuales, equivalente a 4.6 por ciento del PIB y de 2007 a 2012 se habrían destinado 3 mil 911.3 millones de pesos, monto superior en 49.2 por ciento a lo invertido entre 2001 y 2006.