El juez federal Alejandro Caballero Vértiz admitió este jueves las pruebas ofrecidas por los abogados de Elba Esther Gordillo, entre ellas la testimonial de diversas autoridades federales que participaron en la indagatoria en contra de la ex lideresa magisterial, así como la realización de un careo entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz Sacal, y la maestra, revelaron fuentes judiciales.

En tanto, hasta el momento todas las demandas de amparo que han sido tramitadas en días recientes por familiares y personas cercanas a Gordillo ya han sido desechadas por diversos jueces, debido a que no existen órdenes de aprehensión en contra de ellos, añadieron funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

El juez también aceptó la ampliación de la propia declaración de la maestra y la de sus coacusados, y admitió que los abogados de Gordillo puedan interrogar a dos policías y a cuatro funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con fuentes judiciales, el mismo día en que Gordillo apeló de la formal prisión en su contra, presentó al juez la solicitud para integrar sus pruebas en el proceso 11/2013 que le fue abierto por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La defensa de Gordillo pidió al juez sexto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal programarle una fecha para ampliar su declaración y también interrogar a los coprocesados Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.

También pidió interrogar a Augusto Bohórquez Pascual y Francisco Israel García Cervantes, funcionarios de la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes el 21 de febrero elaboraron un dictamen sobre los presuntos desvíos en favor de Gordillo.

Igualmente, solicitó citar a declarar a Lidia Angélica Córdova Méndez y Humberto Tapia Martínez, peritos en contabilidad de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR y responsables de un dictamen del 22 de febrero relacionado con las transferencias de dinero del SNTE.

Además, Gordillo Morales también pidió al juzgador citar a declarar a dos agentes de la Policía Federal Ministerial de la PGR que indagaron sus antecedentes y elaboraron sendos informes de investigación el 14 y 15 de febrero.

Solicitó también interrogar a los apoderados de Comercializadora TTS de México y Gremio Inmobiliaria El Provisor, señaladas por la PGR como las empresas que fueron usadas para triangular desde el sindicato el dinero que benefició a la ex lideresa magisterial.