yer, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington, la representación del gobierno de México reconoció los excesos cometidos por las fuerzas públicas de los tres niveles de gobierno durante las jornadas de represión registradas hace casi siete años en Texcoco y San Salvador Atenco –que arrojaron un saldo de dos muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos–, dijo que las autoridades identificaron y sancionaron en su momento a una treintena de policías que participaron en los actos de represión; aseguró que las violaciones a los derechos humanos no respondieron a ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores y ofreció una solución amistosa a los afectados, consistente en becas, terapia sicológica y una disculpa pública. Tal ofrecimiento, como era de esperarse, fue rechazado por las víctimas, quienes consideraron una muestra del cinismo de las autoridades, que en siete años no han hecho ninguna investigación sobre lo ocurrido.

En efecto, la oferta de una salida amistosa a los atropellos cometidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en las mencionadas localidades mexiquenses es indicativa del desinterés y hasta de la frivolidad con que se aborda, desde el poder público, la defensa de los derechos humanos y el combate a las violaciones cometidas contra esas garantías por quienes están formalmente obligados a resguardarlas. Tal concepción, por desgracia, no se circunscribe al ámbito del Poder Ejecutivo: la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la solicitud de revisión del caso de Alberto Patishtán –indígena tzotzil injustamente encarcelado desde 2000, acusado de participar en la masacre de policías en la localidad chiapaneca de El Bosque y condenado a 60 años de prisión– por considerar que el caso en su contra –en el que convergen un rosario de atropellos durante la detención, faltas al debido proceso y un encarnizamiento injustificable durante su encarcelamiento– carece de importancia y trascendencia.

El correlato de esa postura, impresentable en sí misma, es la persistente impunidad para los responsables de atropellos cometidos desde los distintos ámbitos del poder público. En el caso de Atenco, la propia SCJN se erigió hace tres años en garante de esa impunidad al eximir de toda responsabilidad a los funcionarios de los ámbitos local y federal que ocupaban por entonces posiciones de mando y a quienes habría podido corresponder alguna responsabilidad por esos hechos: Eduardo Medina Mora, a la sazón secretario de Seguridad Pública federal en mayo de 2006; Wilfrido Robledo Madrid, responsable de la seguridad mexiquense; Abel Villicaña Estrada, ex procurador estatal, y el propio presidente Enrique Peña Nieto, quien era por entonces gobernador del estado de México. Ello a pesar de que, según el dictamen elaborado por uno de los integrantes del máximo tribunal, durante esas jornadas represivas “el Estado –a través de agentes de diversas corporaciones policiales y otros servidores públicos–ejerció su facultad de fuerza pública de una manera gravemente violatoria de garantías individuales”.

Es difícil creer, a la luz de esa consideración y del patrón sistemático y regular de los atropellos perpetrados por la fuerza pública, que no hubo ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores durante los abusos cometidos en Atenco en mayo de 2006. La relevancia política adicional que adquiere el caso en el momento presente, en la medida en que entre los funcionarios responsabilizados por las víctimas se encuentra el actual Presidente de la República, debiera ser un incentivo para que el gobierno emplee los recursos a su alcance para esclarecer y resolver el caso y despejar, de esa forma, un episodio que sigue siendo, a casi siete años de distancia, un lastre para la figura presidencial; ello no se logrará, en todo caso, mediante soluciones amistosas como la ofrecida ayer, sino mediante el pleno deslinde de responsabilidades de todos los involucrados.