El encono entre los dos grupos de comisionados en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ha llegado a tal grado, que ya comenzó a afectar la tarea de dichos servidores. Ayer, tres funcionarios del pleno optaron por posponer, con el argumento de que carece de elementos suficientes, uno de los proyectos de resolución presentados por Ángel Trinidad Zaldívar, quien destapó el caso del presunto conflicto de intereses de su compañera Sigrid Arzt y evidenció el rezago de asuntos del presidente Gerardo Laveaga.

Al término de la sesión plenaria, Laveaga se refirió al aplazamiento de la discusión de la reforma constitucional que dota de autonomía plena al instituto. Para el funcionario, el que se haya diferido la discusión en la Cámara de Diputados para dar prioridad a la reforma en telecomunicaciones no significa que (la iniciativa) se vaya a suprimir o a ignorar por parte del Legislativo, ya que, justificó, los diputados tienen sus propios tiempos.

Insistió en que esta modificación constitucional en materia de transparencia es un parteaguas, ya que nunca, en mucho tiempo, se le había dado tanto poder a la ciudadanía.

Durante la sesión pública de ayer, a la que no asistió la comisionada Jacqueline Peschard (ya que se encuentra en El Cairo para participar en una conferencia internacional en la materia), la tensión entre los dos bandos de comisionados se tradujo en el sentido que dieron a su voto en las resoluciones sometidas a discusión. Ángel Trinidad Zaldívar presentó un proyecto en el que se pronunció por que se hagan públicos los nombres de las personas que recibieron indemnizaciones a causa de los fallecimientos en que haya tenido responsabilidad la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Frente a ello, la comisionada Arzt, sujeta a investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública a raíz de que Zaldívar denunció que ella realizó solicitudes de información bajo dos nombres falsos y no se excusó de las votaciones de los recursos de revisión, cuestionó el proyecto de su compañero al mantener la postura de que la asociación de los nombres de los deudos y los montos no es información que nos permita evaluar la proporcionalidad del criterio adoptado; más aún, revelar la totalidad de la información solicitada en una relación como la requerida haría públicos elementos que permiten conocer las condiciones en que ocurrió la muerte de personas y, con ello, afectar la esfera de la privacidad de familiares al hacerlos identificables.

Junto con la otra comisionada de su grupo, habló del defecto del proyecto y cuestionó que en éste se hable de las indemnizaciones como un beneficio y no como producto de un daño. A ello se sumaron otras críticas e insinuaciones. Entre ellas, se le dijo a Trinidad Zaldívar que le cuesta mucho trabajo llamar a audiencia a los funcionarios de la Sedena, para ver la documentación clasificada, porque eso le implica mucho esfuerzo.

En apoyo a la postura de las comisionadas presentes, Laveaga dijo que no está de acuerdo en que se abran los nombres, pero sí en entregar los montos, el lugar del incidente en que fallecieron estas personas y los documentos que avalen la indemnización.

Finalmente, tres comisionados –pues Jacqueline Peschard no estaba presente– se impusieron a Trinidad Zaldívar al votar por el diferimiento del proyecto que presentó este último. Al someter a la consideración del pleno otro recurso relacionado con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Trinidad Zaldívar hizo ver que los argumentos que se usaron en contra de su resolución vinculada a la Sedena, ahora actuaban a favor del caso presentado por Gerardo Laveaga, por lo que planteó diferir ese asunto, pero la mayoría le ganó.