Entregó su propuesta al Senado
Jueves 14 de marzo de 2013, p. 25
Los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal se pronunciaron a favor de la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en materia de deuda pública de las entidades, pero demandaron respeto a la soberanía y autonomía de estados y municipios
.
Es decir, los mandatarios sostienen que la aprobación, rechazo o modificación de las deudas la deberán hacer las legislaturas estatales, no el Congreso de la Unión, como pretenden PAN y PRD
.
La Conago entregó ayer su propuesta sobre la nueva legislación en la materia a las comisiones dictaminadoras del Senado, a través de Víctor López González, enlace de la presidencia de esa agrupación, en la que además pide que el gobierno federal avale el endeudamiento estatal y municipal.
En el escrito enviado al Senado, los gobernadores subrayan que ante la situación financiera por la que atraviesan diversas entidades, y ante el incremento reciente de la deuda de estados y municipios, reconocemos la oportunidad de establecer normas jurídicas homogéneas para todos los gobiernos subnacionales, que regulen la contratación y el uso de la deuda pública de estados, del Distrito Federal y municipios
.
Los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino manifiestan su respaldo a la propuesta de adoptar un esquema de deuda estatal garantizada por el gobierno federal, que debe traducirse en la construcción de mejores condiciones para la contratación de financiamientos para las entidades federativas que, con plena responsabilidad fiscal, reduzca de manera significativa sus costos financieros
.
De igual forma se pronunciaron por el pleno respeto a la soberanía de estados y municipios, a fin de que sean las legislaturas estatales las que, en ejercicio de sus atribuciones, decidan sobre la atribución, modificación o rechazo de las iniciativas de los ejecutivos estatales y los ayuntamientos en materia de autorización de empréstitos y otros compromisos de pago, atendiendo siempre las reglas y los límites que el Congreso de la Unión establezca en la Constitución y las leyes secundarias
.