La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe especial sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos durante la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez, el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, y llegó a la conclusión de que un total de 21 funcionarios cometieron faltas graves al debido proceso, entre ellos el ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Genaro García Luna, contra quien presentará una demanda penal.

De acuerdo con la citada investigación, otros servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) involucrados en probables delitos y faltas administrativas son el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, Jorge Rosas García; el ex director general de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, y el entonces director de Operaciones Especiales, Francisco Garza Palacios, así como 15 elementos de la AFI y dos agentes del Ministerio Público.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló en conferencia de prensa que dichos funcionarios cometieron irregularidades al realizar su investigación sobre el secuestro de una persona, con lo cual ‘‘viciaron el procedimiento penal respectivo’’, afectando el resultado del mismo y agraviando a las víctimas del delito.

De acuerdo con el ombudsman nacional, las omisiones de los funcionarios involucrados significaron violaciones a diversos artículos de la Constitución mexicana y de tratados internacionales, particularmente los relacionados con el derecho al trato digno, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y la presunción de inocencia.

Escenificación ajena a la realidad

La consecuencia de todo lo anterior fue que el pasado 23 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Cassez, ‘‘no por ser inocente, sino por faltas al debido proceso’’, subrayó Plascencia, quien llamó al Estado a investigar quiénes y de qué forma participaron en la ‘‘escenificación ajena a la realidad’’, mediante la cual se presentó en televisión el arresto de la ciudadana francesa.

Por todo ello, el titular de la CNDH dirigió cinco propuestas a la PGR: investigar los probables delitos o faltas de los 21 servidores públicos ya mencionados; colaborar en la investigación para deslindar responsabilidades; reparar el daño de forma integral a las víctimas de secuestro; implementar un programa de capacitación en derechos humanos para el personal de la procuraduría, y que dicha institución ponga en marcha las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los derechos de las víctimas.

‘‘La impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana’’, enfatizó el ombudsman Plascencia Villanueva.

‘‘Lo menos que pueden hacer las autoridades en este caso es profundizar las investigaciones para fincar las responsabilidades contra los servidores públicos que pervirtieron el proceso, agraviando así no sólo a las partes, sino a las instituciones, a la sociedad y al Estado mexicano’’, añadió.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el ombudsman explicó que en el informe de la CNDH no se incluyeron los nombres de los servidores públicos supuestamente responsables de las irregularidades para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia y no generar un estigma contra ellos, aunque sí serán mencionados explícitamente en la demanda ante la PGR.

Por otro lado, aunque admitió que será el Ministerio Público quien se encargue de definir cuáles son los delitos en que incurrieron esos funcionarios, Plascencia adelantó que éstos podrían haber cometido faltas contra la administración de la justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.

Finalmente, estimó que la respuesta de la PGR con respecto a la demanda tendría que producirse en unas cuantas semanas, tomando en cuenta que ya hay una sentencia de la SCJN sobre el ‘‘efecto corruptor’’ en las investigaciones sobre el tema, y aclaró que el organismo a su cargo no tiene facultades para analizar el trabajo de los medios de comunicación electrónicos que transmitieron ‘‘en vivo’’ la noticia del arresto de la francesa Florence Cassez.