El Partido Acción Nacional presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión del Instituto Federal Electoral de mantener en la credencial de elector de forma explícita el domicilio a pesar de las modificaciones legales en materia de protección de datos personales. A decir del blanquiazul, la determinación está indebidamente sustentada y fue insuficientemente consultada entre los actores involucrados.

De acuerdo con el PAN, el IFE incluso tergiversó de alguna manera el posicionamiento enviado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos que respondió al cuestionario que le fue remitido, toda vez que a la pregunta de si mantener el domicilio en la credencial pone en riesgo los datos personales del ciudadano señaló: En términos generales no. Sin embargo, para el PAN ya no hubo mayor abundamiento porque es evidente –dice el recurso– que de esa respuesta no se desprende de forma indubitable que no lo pone en riesgo.

Sí existen riesgos

“Contrario a lo señalado en el estudio del IFE (que recoge la negativa al riesgo), el Ifai señala que en la medida en que se dote de los instrumentos a los ciudadanos –se propicie una cultura de responsabilidad de cuidado– para proteger sus datos personales, los espacios de riesgo se verán reducidos. Esto implica que actualmente existen riesgos respecto de la protección de los datos personales de los ciudadadnos si se imprime el domicilio completo en la credencial para votar.”

Y añade que en el apartado de conclusiones del multirreferido estudio no se observa la consideración de estos principios, tampoco se contiene algún capítulo que analice y pondere los principios y valores de este mandamiento legal ni tampoco lo dispuesto en el artículo 16 constitucional.

Paralelamente, el PAN lamenta que en las consultas a las dependencias públicas, no se haya abundado en el ámbito de seguridad: Es válido y adecuado que a todas las instituciones públicas y privadas se les haya aplicado el mismo cuestionario, como prestadoras de servicio; sin embargo, es lamentable que a las secretarías de Gobernación, de Hacienda, de la Defensa Nacional, de Marina y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se les haya realizado una consulta más amplia en materia de inseguridad.