No sólo hacer recomendaciones, exigen
Miércoles 13 de marzo de 2013, p. 21
Ciudad Juárez, Chih., 12 de marzo.
Organizaciones no gubernamentales, así como víctimas de tortura y sus familiares, exigieron a las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos ir más allá de emitir recomendaciones en su trabajo a favor del respeto a las garantías individuales.
Durante el foro Tortura y derechos humanos en México, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Colegio de la Frontera Norte y el Centro Paso del Norte, la abogada Araceli Olivas, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que “las comisiones hacen recomendaciones demasiado laxas al Estado mexicano, y de cualquier forma no creemos que esos mecanismos no jurisdiccionales realmente nos permitan acompañar el acceso a la justicia.
Las comisiones son organismos pertenecientes al Estado, y éste es el responsable de los abusos; pensar que una parte del aparato oficial va a permitir que tengas acceso a la justicia me parece de entrada imposible
, dijo.
Asimismo, indicó que para los sobrevivientes de la tortura, el proceder de las comisiones defensoras de las garantías fundamentales es revictimizante, pues ponen en tela de juicio tu palabra, cuestionan tu calidad de ofendido y te sientes torturado una vez más; no hay reparación de daño
.
Durante el foro, 11 mujeres hablaron de la represión y los abusos policiales perpetrados en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, y asistieron víctimas de la agresión de agentes federales contra normalistas de Ayotzinapa, Guerero, en 2011.
También participó Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate, arraigado desde hace más de dos años por su presunta vinculación con la masacre de 18 personas perpetrada en la colonia Villas de Salvárcar, en esta ciudad, el 31 de enero de 2010. Meléndez sostuvo que Israel fue torturado por militares para confesar que participó en el crimen múltiple.
El presbítero Oscar Henríquez, director del Centro Paso del Norte, dijo que de 2011 a la fecha ha documentado 26 casos de tortura, en los cuales los principales agresores fueron policías municipales y estatales.