De entre los miles de reportes de personas desaparecidas en México (2006-2012), las autoridades desconocen cuántos hechos fueron perpetrados por el crimen.

Tampoco se sabe –o al menos no es información pública– si todos los expedientes están sustentados en una averiguación previa o acta circunstanciada; por tanto, se carece de datos acerca del nivel de investigación ministerial de cada caso.

Por lo que toca a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito (Províctima) –órgano creado en el último tramo del sexenio calderonista, en un contexto de creciente violencia–, informó que en casi año y medio de operación ha recibido mil 767 reportes de personas desaparecidas o no localizadas.

De este grupo de personas, Províctima colaboró para la localización de 184 (138 fueron halladas con vida y del resto se comprobó su fallecimiento), según el más reciente corte estadístico, al 28 de febrero pasado.

Los desaparecidos de la base de datos de Províctima pudieran ya estar incluidos en la lista de 26 mil 121 nombres que dio a conocer el mes pasado la Secretaría de Gobernación, aunque tampoco hay forma de comprobar que así sea. La dependencia se limitó a informar que decidió hacer público el contenido de un disco compacto que hasta entonces estaba en poder del centro de información de la PGR.

Como análisis preliminar, Províctima calcula que 15 por ciento de los casi mil 800 casos de personas que han tocado sus puertas corresponde a hechos perpetrados por el crimen.

Del resto se perfila un compendio muy variado de causas de no localización; por ejemplo, historias de migrantes, reclusos, adolescentes que a muy temprana edad salen de sus hogares quienes al ser localizados ya están haciendo vida de pareja. También están aquellos que se esconden porque tienen alguna deuda con la justicia, hijos en disputa de sus padres o familias enteras que se esconden de un padre violento.

A escala general, tanto Gobernación como la Procuraduría General de la República (PGR) deberán informar cuántos casos, de los 26 mil 121 en mención, tienen averiguación previa o acta circunstanciada, aunque ello tampoco es aval de que los agentes estén investigando el paradero de los desaparecidos, según han denunciado los familiares de las víctimas.

En este contexto, casi 2 mil personas han tocado la puerta de Províctima.

“No somos cómplices de lo que alguien haga mal (…) Somos abogados victimales, de acompañamiento, pero ello no impide que ayudemos a la localización de las personas. No estamos atados de manos”, asegura Patricia Bugarín, titular de la subprocuraduría de Personas Desaparecidas o No Localizadas de Províctima.

En esta procuraduría el expediente más antiguo atendido es de una persona que tiene ocho años en busca de su ser querido.