La reforma en materia de telecomunicaciones impulsada desde el Pacto por México involucra, como una de sus vertientes, la regulación de la propaganda electoral encubierta, tema sobre el cual el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha enfrascado en largos debates, subrayó el consejero Marco Antonio Baños. Destacó la importancia de decidir cuál será la instancia que defina cuándo se incurre en irregularidades.

Desde la instrumentación del nuevo modelo de comunicación política, a raíz de la reforma electoral 2007-2008, el tema de la propaganda encubierta ha dividido al Consejo General del IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en cuanto a la libertad de expresión y la violación a las reglas comiciales.

Baños calificó de histórica la iniciativa de reforma que avalaron las principales fuerzas políticas y que ha concitado importantes apoyos de diversos sectores sociales preocupados porque exista más competencia en el sector de telecomunicaciones.

Me parece que el hecho de que se generen mejores condiciones para que exista esa competencia es un tema importante para el país, indicó.

En la vertiente electoral, el consejero destacó que fue particularmente en 2009, y en menor medida en 2012, cuando el IFE enfrentó más litigios porque hubo diversas expresiones en medios electrónicos que provocaron la presentación de recursos por presuntas violaciones a la ley electoral, bajo la modalidad de propaganda encubierta o por los denominados infomerciales (propaganda disfrazada de información). Por eso es importante que ahora se promueva una regulación más explícita.

En los hechos, en particular en 2009, la ambigüedad de criterios confrontó a los consejeros y en algunos casos se aplicaron sanciones millonarias a las televisoras y a los actores involucrados que después fueron ratificadas o revocadas por el TEPJF.

Recientemente, uno de los casos más sonados de propaganda encubierta fue resuelto en definitiva por el TEPJF, que condonó una multa de más de 170 millones de pesos, no por su carácter de propaganda simulada (que en su momento corroboró), sino por su impacto en materia de financiamiento ilegal de Televisa y sus filiales en revistas al PVEM.

Baños sostuvo que un punto central a dirimir en la iniciativa, desde el punto de vista electoral, es decidir cuál será la instancia que regulará esos contenidos y definirá cuándo un actor político o un medio de comunicación incurre en estos supuestos sancionables por las restricciones existentes.

Otro tema relevante en la iniciativa, dijo Baños, es el relacionado con la regulación más explícita de las radios comunitarias, por la utilidad social que tienen. Recordó que a nivel reglamentario, el IFE ya había avanzado en el ordenamiento legal de las radiodifusoras.

En 18 casos, en total, enfatizó, se trataba de emisoras permisionarias, por lo que el IFE no avaló a radiodifusoras piratas, lo que hizo posible un elevado cumplimiento de la pauta (54 por ciento), a pesar de las precarias condiciones en que operan.