La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) anunció que solicitará al Congreso y al Ejecutivo federal que en la reforma al sector incluyan que haya reciprocidad en la inversión extranjera en radiodifusión, que sólo una de las dos cadenas de televisión a licitarse sea nacional y que el espectro de la otra se concurse de forma regional. El presidente de esa organización, Tristán Canales, dijo que sus afiliados ejercerán su derecho a manifestarse sobre la reforma por las vías institucionales.

En reacción al anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto y los participantes en el Pacto por México, Tristán Canales dijo que que los radiodifusores deben reconocer ‘‘la honesta decisión del mandatario de incentivar la competencia’’ y enfatizó que recurrirán a las vías institucionales para manifestarse sobre la iniciativa como parte de sus derechos.

El documento presentado, dijo Canales, ‘‘deja un mensaje inequívoco de que estamos frente a un acuerdo que ha sido pactado con las principales fuerzas políticas del país, y por tanto tendremos que tomar una actitud madura y respetuosa para que nuestra interlocución sea interpretada de manera correcta, es decir, como el legítimo derecho que tenemos de expresar nuestros puntos de vista por los canales institucionales adecuados’’.

Al fijar la postura de la CIRT, Canales aseguró que el Pacto por México ‘‘representa un ejemplo de visión política y un signo de confianza de los nuevos tiempos, pero sobre todo una oportunidad para el desarrollo equilibrado de la radio y la televisión’’.

La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) también se manifestó en favor de la reforma y pidió al Congreso que sea aprobada durante este periodo de sesiones .

Los efectos de la reforma en el mercado bursátil se reflejaron con una caída en el valor de las acciones de América Móvil de 3 mil 247 millones de dólares; en el caso de Televisa, la reducción fue de aproximadamente mil 571 millones.

Las empresas no podrán negarse

En la reforma al sector telecomunicaciones y de radiodifusión el hecho de dar rango constitucional a la medida y señalar esas actividades como servicios públicos son elementos determinantes, porque las empresas no podrán negarse a cumplir con lo que el documento final disponga, señalaron especialistas.

Las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión tendrán que acatar lo que se apruebe en la reforma a esos sectores, porque se trata de una reforma constitucional sobre la que no hay amparos, advirtió la presidenta de Observatel, Irene Levy Mustri, al señalar que el ‘‘beneplácito’’ con el que las empresas recibieron la iniciativa del Ejecutivo y el Pacto por México podría interpretarse como que ‘‘es muy temprano para pelear’’ y puede reflejar la esperanza de poder negociar algo ‘‘por la puerta de atrás’’, pero sobre todo la necesidad de protegerse de la reacción de los mercados, porque la mayoría cotiza en bolsa.

Dijo que esta reforma no necesitaba ser constitucional, pero si no se hubiera hecho de esa manera entonces los operadores de telecomunicaciones y las televisoras habrían dado la batalla legal. Destacó que el panorama menos agradable hasta ahora es para Teléfonos de México y para Televisa, debido a que los dos se verán afectados en sus principales fortalezas, que son la red en el caso de Telmex y los contenidos en el de la televisora. Tv Azteca, destacó, no pierde nada.

La reforma les dio categoría de servicio público a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, pero omitió fincar obligaciones a las televisoras, con lo que el mayor perdedor en este caso será Teléfonos de México, afirmó el presidente de la consultoría Mediatelecom Plicy & Law, Jorge Fernando Negrete.

Explicó que todos los participantes en el sector podrán usar la red de Telmex, pero esa empresa tendrá que pagar por los contenidos de las televisoras cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones le permita la entrada al negocio de televisión restringida, lo cual podría ocurrir por una decisión administrativa.

Señaló finalmente que si Telmex paga por contenidos la afectación será directamente para los usuarios, quienes son los que en verdad quedan en la indefensión. Señaló que estas medidas no son casuales y que con ellas se invalida la intención de que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean servicio público.