La aprobación en México de reformas en los terrenos energético y fiscal ‘‘no está asegurada en absoluto’’, afirmó este martes Standard and Poor's (S&P), la principal calificadora de inversiones del mundo. La firma financiera, sin embargo, apuntó que la probabilidad de que esos cambios se realicen es mayor que en los años anteriores y bajo ese supuesto modificó de ‘‘estable’’ a ‘‘positiva’’ la perspectiva sobre la calificación de los bonos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno federal.

El cambio en la perspectiva sobre la calificación de la deuda pública mexicana, que en la práctica se traduce en un menor costo de financiamiento para el gobierno federal y entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue acompañado por S&P de una advertencia sobre la debilidad de los ingresos del Estado mexicano.

‘‘Las calificaciones soberanas (así se refiere a la deuda pública) de México están acotadas por la limitada flexibilidad fiscal del país y por sus perspectivas de crecimiento económico modesto en el mediano plazo’’, expuso.

Aproximadamente 35 por ciento de los ingresos presupuestarios del gobierno federal tiene su origen en el sector petrolero. Este hecho, de acuerdo con la calificadora, hace vulnerable al gobierno ante la volatilidad en los precios del petróleo y ante una potencial caída en la producción petrolera en el mediano plazo, especialmente mientras los ingresos no petroleros se mantengan bajos.

México es el país con menor ingreso fiscal entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una recaudación que equivale a 18.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), según datos de ese organismo. Lo superan: Chile, con 19.5, y Estados Unidos, con 26 por ciento, en ambos casos como proporción del PIB (producto interno bruto).

Acotado margen de maniobra fiscal

En la escala utilizada por Standard and Poor's, la calificación de la deuda emitida o garantizada por el gobierno mexicano se mantiene en BBB para las obligaciones en moneda extranjera. Esta valoración significa, de acuerdo con la calificadora, ‘‘capacidad adecuada de cumplir compromisos financieros, pero más susceptible a condiciones económicas adversas’’. En el caso de la deuda emitida por el gobierno federal en pesos, la calificación asignada por S&P es A-1 y A-2, en pesos, respectivamente, que significan una capacidad ‘‘fuerte’’ y ‘‘muy fuerte’’ de cumplir compromisos de pago.

Tanto para las obligaciones en moneda extranjera como nacional, el gobierno mexicano tiene el llamado ‘‘grado de inversión’’, calificación que garantiza acceso a financiamiento a más bajo costo, dado que los gestores de fondos de inversión prefieren los instrumentos de emisores de deuda que han obtenido esta certificación.

Las calificaciones miden la posibilidad de incumplimiento en el pago de una deuda.

En el reporte emitido este martes, S&P mantuvo las calificaciones a la deuda emitida por el gobierno mexicano, pero mejoró la perspectiva de la calificación de ‘‘estable’’ a ‘‘positiva’’. Ello implica que en su próxima revisión, que puede ser un plazo de hasta 18 meses, es más probable que mejore la nota antes que dejarla igual.

Las calificaciones de México reflejan el historial del gobierno de aplicar cautelosas políticas monetarias y fiscales que han contribuido a que el país tenga bajos déficits gubernamentales e inflación, han impulsado la resistencia económica y han contenido los niveles de deuda externa y fiscal, expuso S&P. Sin embargo, anotó, las calificaciones soberanas de México están acotadas por la limitada flexibilidad fiscal del país y por sus perspectivas de crecimiento económico modesto en el mediano plazo.

Ubicar la deuda pública mexicana con una calificación en perspectiva ‘‘positiva’’, añadió, refleja una mayor probabilidad de que el gobierno logre avanzar exitosamente en políticas que fortalezcan el margen de maniobra fiscal y su panorama de crecimiento en el mediano plazo, que son las dos principales limitantes de las calificaciones del país.

Faltan los detalles de las reformas

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2012, la administración de Enrique Peña Nieto ha reiterado su compromiso con las políticas para reforzar la estabilidad macroeconómica, mejorar la competitividad y productividad en la economía y para fortalecer las cuentas fiscales de México, apuntó S&P.

‘‘El Presidente y su equipo de trabajo afirman que sus reformas tendrán un gran alcance, aunque los detalles de las tan anticipadas medidas fiscales y en el sector de la energía solamente se pondrán sobre la mesa en el segundo semestre de 2013. Anteriores administraciones afrontaron dificultades para aprobar tales reformas durante la última década, dada su propia naturaleza polémica y la necesidad de coordinación entre los partidos en un Congreso mexicano dividido, como todavía es el caso actualmente’’, mencionó.

Para S&P, el gobierno ahora tiene una mayor probabilidad que antes de obtener la aprobación para tales políticas, ‘‘debido en parte al capital político más fuerte del Presidente’’. Sin embargo, apuntó, ‘‘la aprobación no está asegurada en absoluto. En nuestra opinión, la capacidad de la administración para capitalizar este reciente impulso político durante sus primeros 12-18 meses, será crucial para la calificación crediticia futura de México’’, consideró.

El palo y la zanahoria

Standard and Poor´s aseguró que podría subir las calificaciones de la deuda emitida por el gobierno mexicano en el curso de los próximos 18 meses, con base en la evaluación que haga sobre el impacto de las reformas que busquen fortalecer la base de ingresos no petroleros del gobierno, tanto federal como de los estatales, y fomentar una mayor inversión.

‘‘Por ejemplo, podríamos subir las calificaciones si las reformas reducen la vulnerabilidad de las finanzas públicas del país frente a un marcado descenso en los ingresos petroleros, y si se dan pasos para fortalecer su panorama de crecimiento de largo plazo.

‘‘Por el contrario, podríamos revisar la perspectiva a estable si el gobierno no logra la aprobación para sus propuestas de políticas sustanciales, o si las reformas son insuficientes, en nuestra opinión, para fortalecer de manera importante las finanzas públicas del país y contribuir a que alcance una mayor resistencia económica’’, planteó.