Luego del análisis y desglose de pruebas que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre los disturbios del 1º de diciembre, en el pliego recomendatorio, que se espera quede listo a finales de marzo, se podría solicitar investigar y fincar responsabilidades penales contra mandos que estuvieron al frente de la operación.

Ante la presencia de dos jefes policiacos que estuvieron al frente del dispositivo de seguridad por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y que en su momento, en forma directa o indirecta, también participaron en el operativo fallido en la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas, el órgano autónomo reiterará la necesidad del grupo especial de atención a jóvenes.

Darío Chacón, actual jefe de la División de las Fuerzas Federales, y Luis Rosales Gamboa, subsecretario de investigación policial de la SSPDF, participaron en el referido dispositivo, pues se quedaron a cargo de dependencia ante el cambio de administración y la salida del jefe de la policía Manuel Mondragón.

En 2008, también conocieron de los hechos ocurridos el 20 de junio en la discoteca News Divine: Rosales Gamboa ocupaba el cargo de subsecretario de Seguridad Pública y Darío Chacón estaba al frente de los cuerpos de seguridad de la citada dependencia.

Asimismo, en los primero días de 2013 el actual titular de la SSPDF informó que la dependencia mantenía una investigación interna sobre la actuación de los elementos de la corporación que participaron en el referido operativo, en el que detuvieron a más de un centener personas acusadas de ataques a la paz pública por participar en los desmanes ocurridos en las avenidas Juárez y Reforma; sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados o el avance.

La investigación de la CDHDF consta de más de 50 casos documentados, más de siete horas de radiocomunicación que fueron analizadas en las que se detectaron diferencias entre las órdenes que daban mandos policiacos a los elementos durante el dispositivo.

En el referido análisis también se valoró si tras la detención se respetaron las garantías, si hubo casos de tortura y éstos se documentaron.

La investigación constó de más de 160 testimoniales, 40 entrevistas de funcionarios policiales, se inspeccionaron 2 mil horas de video y de grabaciones, así como siete horas de radiocomunicación.

Además la CDHDF contó con especialistas internacionales en actuación de fuerzas policiacas que ayudaron en el análisis de la investigación. Peritos de Estado Unidos y Canadá contribuyeron al trabajo del organismo.