A pesar de que el pasado primero de marzo María Esther Orozco Orozco presentó ante la fiscalía desconcentrada en Benito Juárez su declaración por escrito por la acusación de presuntamente incurrir en el delito de usurpación de profesión, la instancia ministerial aún no cuenta con la documentación que la acredita como licenciada química, bacterióloga, parasitóloga, título que dijo poseer para ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Ante ello, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informaron que ya solicitaron a la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el historial académico de la destituida rectora.

Orozco Orozco obtuvo el título de la licenciatura el 26 de septiembre de 2012, el cual le fue otorgado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, documento que a su vez utilizó para obtener su cédula profesional de química, bacterióloga, parasitóloga.

En septiembre pasado, el grupo de la UACM opositor a Orozco interpuso en dicha fiscalía la denuncia por la presunta usurpación de profesión, pues en ese entonces no contaba con cédula profesional y título de la licenciatura de química, bacterióloga, parasitologa, la cual quedó registrado con el número FBJ/BJ-2/T-I/02144/12-11.

Los denunciantes argumentaron que para ejercer dicha profesión es necesario contar con los referidos documentos, por lo que, ante la falta de ellos, decidieron interponer la denuncia.

Asimismo, en su momento indicaron que Esther Orozco no sólo habría violado disposiciones penales, sino también las establecidas en la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, además del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en sus artículos 48 y 50, ya que la ley la obligaba a tener en dicha profesión título y cédula profesional.

Además de la acusación de presunta usurpación de profesión en la fiscalía de Benito Juárez, Esther Orozco enfrenta otra en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por presunta malversación de recursos, adonde acudió el pasado 28 de enero y días después presentó su declaración por escrito.