San Cristóbal de las Casas, Chis., 11 de marzo.

De fallar favorablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la demanda de la devolución de tierras en el ejido Tila, en la zona norte, se les devolvería a los choles el control sobre la totalidad del territorio que según los documentos oficiales iniciales les corresponde apunta Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) en un informe sobre la materia.

Terminaría así una larga disputa entre ejidatarios y autoridades municipales y estatales, añade el documento. Existen muchos elementos jurídicos a su favor. La reforma de la Constitución en materia de derechos humanos en 2011 armonizó la Ley Suprema con los tratados internacionales firmados por México. La SCJN tiene ahora en sus manos la oportunidad de hacer valer esta reforma.

Advierte Sipaz que existe la posibilidad de que el Legislativo federal decida aprobar la iniciativa de reforma enviada en noviembre pasado por el entonces presidente Felipe Calderón que pretende acortar los procedimientos para la privatización de las tierras de propiedad colectiva, lo cual podría agudizar la ya difícil situación de los campesinos y dar pie a la desintegración social del sector y significaría un retroceso histórico en los logros de la Revolución Mexicana.

Ante el peligro de acelerar la privatización de la propiedad colectiva, un fallo favorable de la SCJN daría una señal de protección a un sector vulnerable y reconocería los derechos colectivos de los pueblos. Por lo demás, sería un fallo en el sentido de los Acuerdos de San Andrés, reconocidos recientemente por una parte de la clase política como deuda con los pueblos originarios, haría justicia y abriría la puerta del sistema de justicia mexicano a los demás pueblos indígenas del país que luchan contra el despojo y por el derecho a su territorio.

El informe de Sipaz destaca que en tierras indígenas han aumentado las luchas en defensa del territorio ante las concesiones mineras y diversos proyectos energéticos, turísticos o de infraestructura que amenazan las diferentes formas legítimas de propiedad colectiva.

En este contexto, la SCJN volvió a enlistar para su discusión el caso sobre las tierras del ejido de Tila, 130 hectáreas que las autoridades estatales expropiaron hace más de 30 años para uso privado. Los magistrados discutirán los alcances de la protección que brinda la justicia al ejido, que ganó un amparo frente a un decreto de expropiación de 1980. En 2009 los ejidatarios retomaron la lucha política y legal iniciada hace medio siglo. Ahora, la SCJN tiene en sus manos la decisión sobre la restitución de derechos, o manifestar la imposibilidad de dar lugar a la restitución de tierras compensándolo con dinero.

Sipaz recuerda que entre 1995 y 1997 se da uno de los episodios más sangrientos de la estrategia del Estado para enfrentar al EZLN con la formación de grupos paramilitares. Se forma Desarrollo, Paz y Justicia, y se militariza la región chol. Los ejidatarios han insistido en que los de Paz y Justicia son los que nos despojan de la tierra y no quieren que luchemos por defenderla.

Vale recordar que el Santuario del Señor de Tila representa beneficios económicos importantes, hasta la fecha usufructuados por el gobierno municipal. Además, con el tiempo se asentaron comerciantes sin derechos ejidales, y han sido siempre aliados del ayuntamiento. Sin embargo, no hay afán de los ejidatarios por expulsarlos si recuperan sus tierras, destaca Sipaz.

A raíz del levantamiento zapatista, en tierras del ejido se instaló un campamento militar. En la región de Tila “se ha dado un proceso de construcción de la autonomía por el EZLN, y la presencia del Ejército funciona como elemento de control de la población en resistencia. En caso de que las tierras sean recuperadas por el ejido, éste podría solicitar la salida del Ejército.