En los primeros cien días de la actual administración, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha aceptado cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que acusan a soldados de detención arbitraria, retención ilegal, tortura, allanamiento de morada, lesiones, cateo ilegal, privación ilegal de la libertad y tortura.

Debido a la gravedad de los hechos, la CNDH solicitó al titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda, instruya expresamente a los jefes de regiones y zonas militares, jefes de cuarteles y demás instalaciones castrenses, que cesen de manera inmediata los cateos ilegales.

En el caso concreto del general Gilberto Landeros Briseño, quien era comandante de la segunda Zona Militar en Baja California el 30 de julio de 2012, cuando soldados irrumpieron sin orden de cateo en la comunidad indígena Kumiai La Huerta, en Ensenada, Baja California, en donde sacaron violentamente de su domicilio a un miembro de la comunidad, además de golpear a seis menores de edad, siete mujeres y dos hombres, la comisión requirió al titular de la Sedena para que ordenara al comandante Landeros –quien en enero pasado fue relevado del cargo– abstenerse “de realizar operativos con vehículos no oficiales” e iniciar la investigación en contra de los que ordenaron y de los que toleraron esas prácticas.

De acuerdo con información de la Sedena, las cuatro recomendaciones están en fase de cumplimiento, aunque no precisa detalles de las investigaciones.

En el sexenio anterior, la Sedena recibió 7 mil 441 quejas, de las cuales 6 mil 918 fueron concluidas y 523 continúan en trámite, que dieron lugar a 113 recomendaciones de la CNDH, de las cuales 68 fueron concluidas y 45 siguen en trámite.

Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron procesados 112 soldados por violar derechos humanos, 38 sentenciados, ocho absueltos, nueve están prófugos y 192 están en calidad de indiciados, para un total de 359.

Por otra parte, en los primeros tres meses de la actual administración, la CNDH ha recibido 274 quejas en contra de militares, de las cuales 17 fueron concluidas.

Respecto de las recomendaciones de la CNDH admitidas por la Sedena, la dependencia da cuenta de la 67/2012, que tiene que ver con la detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura en agravio de Griselda González Gutiérrez, ocurrida el 13 de diciembre de 2010 en Guadalupe, Nuevo León.

La otra recomendación (72/2012), que ya se encuentra en fase de cumplimiento, se refiere al caso de María Guadalupe Durán Durán, Javier Delgado Luna, Ramón Durán Muñoz y Javier Delgado Durán (menor de 12 años de edad), quienes fueron detenidos y trasladados ilegalmente a instalaciones militares en Ensenada, Baja California, para ponerlos posteriormente a disposición del Ministerio Público.

La recomendación 74/2012, que fue aceptada el pasado 14 de diciembre, tiene que ver con lo ocurrido en Acapulco, Guerrero, por el allanamiento de morada y lesiones de tres personas y contra el derecho a la vida de otra. En esa ocasión, soldados del 56 batallón de infantería incumplieron con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de ésta, y entraron en un domicilio sin orden judicial, hiriendo a una persona.

La más reciente recomendación admitida por la Sedena (2/2013) está relacionada con el caso de la comunidad indígena Kumiai.