La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, la perredista Alejandra Barrales, destacó ayer que la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, emanada del Pacto por México y que el Ejecutivo turnó a la Cámara de Diputados, contiene tres puntos que la izquierda ha enarbolado: primero, tiene dedicatoria ciudadana para garantizar el acceso a la información, a las tecnologías, al derecho universal a Internet; en segundo lugar, y que es fundamental para la izquierda, recuperar el papel rector del Estado en este sector que es prioritario, y en tercer lugar, impide la concentración, la dominancia y predominancia de actores en el sector.

Entrevistada en el Senado, la legisladora resaltó que nosotros hemos sido autores, promotores de este órgano regulador autónomo, y también promovimos retirar al Ejecutivo la facultad de otorgar las concesiones, con la finalidad de dar al ciudadano mejor calidad, variedad en los servicios y mejores tarifas. Estas tres cuestiones se están materializando en la iniciativa presentada.

Barrales dijo que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “nos hemos asumido como vigilantes de estos objetivos, y es lo que vamos a cuidar a lo largo del proceso legislativo en ambas cámaras. Tenemos que cuidar que no se convierta en un disfraz o en un asunto de buenas intenciones. Hay que darle el andamiaje jurídico que requiere sin simulaciones, sin redacciones ni propuestas legaloides.

A su vez, la secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, también senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza, resaltó que esta iniciativa constituye el punto de partida de una nueva oportunidad de legislar un marco normativo integral y convergente que democratice las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Abundó que corresponde ahora a quienes integramos el Congreso la responsabilidad histórica de aprobar de inmediato la propuesta para reorganizar las relaciones entre el Estado, la sociedad, las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación.

Mendoza destacó que el Estado tiene el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional, que implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

Además, señaló, frente a la convergencia tecnológica, el Estado debe garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho a las comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona de poder acceder igualitariamente a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, la perredista dijo que todas las propuestas de reforma contenidas en esta iniciativa constituyen el piso mínimo para aspirar a un régimen jurídico adecuado a la radiodifusión y las telecomunicaciones que garantice su función de servicio público.

En tanto, el también senador del PRD Armando Ríos Piter dijo que la concesión del espacio radioeléctrico es una cuestión de interés público y por eso estaremos muy atentos a que las nuevas reglas que se proponen sean una herramienta que impulse el desarrollo del país, con apego a las dinámicas antimonopolios y de competencia.

A su vez, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Javier Lozano, aseveró que estamos ante una iniciativa, no es todavía una reforma consumada. Todavía falta, advirtió, la discusión, “tengo tres iniciativas en la comisión que ameritan análisis y reflexión, y en todo caso voy a proponer que se hagan foros de discusión sobre esta reforma, porque en el pacto hubo una gran opacidad, no hubo discusión pública, no participaron los consumidores, los inversionistas, los competidores, las autoridades.