La reforma a las telecomunicaciones obliga a hacer la modificación constitucional y a las leyes de Inversión Extranjera, Telecomunicaciones, Radio y Televisión, y de Competencia Económica, debido a que involucra todos esos temas, señalaron especialistas.

Destacaron que la creación de un instituto federal de telecomunicaciones acota las facultades del Ejecutivo en materia de concesiones, y define a la radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos, lo que los coloca como necesidades básicas de los ciudadanos.

Advirtieron que hay riesgos en puntos como la desagregación de la red local del agente predominante, Telmex, porque se pretende permitir el acceso de sus competidores a esta red, pero la reforma omite la obligación de esos agentes económicos de invertir en sus propias redes.

Enfatizaron que con esta reforma la actual administración busca desincorporar los activos de las empresas a las que les permitió crecer al grado de dominar el mercado, porque al aplicar esas medidas a quienes concentren más de 50 por ciento del mercado se verán afectados.

Ramiro Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señaló que la apertura al ciento por ciento de las telecomunicaciones al capital extranjero era una necesidad, y que haber limitado a 49 por ciento en radiodifusión es una medida que se practica en todos los países como protección en el manejo de medios masivos de comunicación.

Buena noticia para Telmex

Destacó que limitar la participación de Televisa y Televisión Azteca en la licitación de dos cadenas de televisión abierta alcanza también a sus subsidiarias de televisión restringida, y podría ser una buena noticia para Teléfonos de México (Telmex), porque abre la posibilidad de que entre a ese negocio, que hasta ahora se le ha negado de forma expresa en su título de concesión.

Tovar señaló que la iniciativa es apenas el comienzo de un largo proceso de reformas constitucionales, pero también a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la Ley Federal de Competencia, a la Ley de Inversión Extranjera y a la de Radio y Televisión; además de reformas al Poder Judicial para crear los tribunales especializados en telecomunicaciones y radiodifusión, así que con mucha buena voluntad ver los primeros resultados de este proceso se llevará al menos dos años.

Señaló que entre los riesgos a la vista está la manera en que se establecerán los límites de concentración para definir si una empresa debe desincorporar sus activos o no, y los efectos que eso tendrá en la eficiencia. Consideró que de todos los participantes en telecomunicaciones y radiodifusión, el único que rebasaría los límites de concentración sería Televisa, ya que en el caso de Teléfonos de México la concentración se reduce si no se cuentan las líneas de servicio público que tiene por obligación.

El presidente de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, señaló que definir a la telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos da a sus usuarios derechos constitucionales de libre acceso a información veraz, oportuna y plural a través de cualquier medio de expresión y plataforma.

Calificó de acertada la decisión de acotar las facultades del Presidente en materia de concesiones, al dejar esa atribución al instituto federal de telecomunicaciones, porque el espectro radioeléctrico seguirá siendo propiedad de la nación, pero su administración y concesionamiento quedarán en manos de un organismo autónomo, lo que dará más certidumbre.

Negrete advirtió que no podrá haber avance en telecomunicaciones si no se crea la comisión nacional de banda ancha, para cumplir con la inclusión. Destacó que no se puede pretender fortalecer la libertad de expresión si las televisoras no dan de forma gratuita sus contenidos a las empresas de televisión restringida.

Añadió que se debe garantizar la convergencia tecnológica para que las empresas puedan participar en todas las plataformas, y advirtió que si se pretende desagregar la red de Telmex para que todos los agentes económicos la usen, antes se debe precisar que esos operadores tendrán que seguir invirtiendo en el desarrollo de sus propias redes.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho ala Información (Amedi), Aleida Calleja, señaló que los legisladores deben aprobar la reforma presentada, porque abarca temas urgentes como el hecho de que las concesiones no se otorguen con fines de lucro, sino público y social, lo que permitirá que organizaciones sociales usen el espectro. Destacó que esta es la oportunidad del gobierno federal de restar poder a las empresas que dejó crecer y concentrar el mercado, al aplicar la desincorporación de activos cuando concentren 50 por ciento de un mercado.

Enfatizó que el instituto federal de telecomunicaciones estará integrado por siete comisionados, que deberán tener conocimientos en telecomunicaciones y radiodifusión, y que para evitar conflicto de intereses no podrán ser parte del instituto si trabajaron en empresas del sector cinco años antes. Tendrán, entre otras obligaciones, la tarea de definir reglas claras sobre la multiprogramación del que se beneficiarán las televisoras con la transición a televisión digital terrestre.