yer se entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas legales en materia de telecomunicaciones elaborada conjuntamente por la Presidencia de la República y los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional. El documento contiene aspectos positivos indudables, como el propósito de combatir los monopolios y la concentración de concesiones en unas cuantas manos, la propuesta de abrir la televisión abierta a dos nuevas cadenas, asegurar condiciones de equidad en el sector entre los competidores privados, ratificar la rectoría del Estado en telecomunicaciones, establecer organismos reguladores autónomos y tribunales especializados, impulsar la convergencia y la incorporación de la población en general a las tecnologías de la información, y alentar el desarrollo de la banda ancha en el país.

En contraparte, una de las debilidades fundamentales de la propuesta de reformas es que proyecta una lógica meramente mercantil (reglas de mercado y libre competencia) sobre el quehacer informativo. Ello es así porque en los razonamientos contenidos en el documento omite el hecho de que las telecomunicaciones no sólo permiten establecer servicios públicos –la telefonía y el acceso a Internet son los casos más obvios– sino también medios de información, como estaciones de radio y canales de televisión (por no mencionar los medios que se desarrollan con base en las nuevas tecnologías), y se mezclan, en consecuencia, aspectos de derecho mercantil con consideraciones que atañen más bien al derecho a la información y a la libertad de expresión. Se llega, así, a postular como uno de los objetivos de la reforma la promoción de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz de los acontecimientos nacionales e internacionales partiendo de una visión básicamente gerencial y corporativa.

El diagnóstico contenido en la exposición de motivos acierta en la existencia de un sector de telecomunicaciones poco eficiente, con tendencias monopólicas –o, cuando menos, regido por actores que ejercen la dominancia de los mercados–, que se traduce en precios altos y escasa oferta televisiva, radial, telefónica e internética, pero pasa por alto que en el caso de los medios electrónicos tradicionales el perjuicio que causan las confabulaciones de los intereses corporativos no es principalmente a los consumidores sino, en primer lugar, a los ciudadanos, en la medida en que, históricamente, el conjunto de esos medios ha terminado por convertirse en parte indistinguible del poder político y en mecanismo de control de la opinión pública, por la vía del discurso único y la uniformidad de la información.

La democratización de los medios, paso indispensable para la democratización del país, no pasa únicamente por la promoción de la libre competencia entre inversionistas sino, sobre todo, por el otorgamiento de concesiones y frecuencias a instancias no empresariales, así sean poco competitivas en términos mercantiles: por ejemplo, universidades, gobiernos estatales y municipales, comunidades y cooperativas. Más allá de la declaratoria de las telecomunicaciones como servicios públicos, es necesario que el Estado asuma la existencia de medios como entidades de interés público.

Para finalizar, el sector de las telecomunicaciones y particularmente el espectro radioeléctrico no sólo revisten un indudable sentido público, sino constituyen, también, un ámbito estratégico y un espacio de soberanía nacional que debe considerarse irrenunciable. Desde esta perspectiva, resulta injustificable la pretensión de abrir el mercado de las telecomunicaciones a inversiones foráneas al 100 por ciento. Resultaría impensable que los gobiernos de Estados Unidos y Europa occidental, por mucho que pregonen el libre comercio y la apertura de mercados, incurrieran en semejante cesión de soberanía, y no se ve razón alguna para que las autoridades mexicanas actúen en forma distinta.