Sacuden a España nuevos y escandalosos detalles sobre el caso de Yolanda González, una bella vasca de 19 años de edad, militante de la izquierda desarmada, quien fue asesinada en 1980 por los franquistas, durante la supuestamente pacífica transición a la democracia.
e de los crímenes producto de la connivencia entre el aparato franquista y los grupos de extrema derecha, pocos han conmovido a la ciudadanía española tanto como el de Yolanda González Martín, estudiante de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores y dirigente de la Coordinadora de Estudiantes, que el 2 de febrero de 1980 fue secuestrada, paseada
–como se hacía con las víctimas durante la guerra civil–, y asesinada con dos disparos en la cabeza por miembros de un comando de extrema derecha con importantes conexiones con los aparatos de Estado: entre sus integrantes actuaron un Policía Nacional y un guardia civil.
Encabezando el escuadrón estuvo Emilio Hellin Moro, quien fue posteriormente condenado por el asesinato a 43 años, pero sólo cumplió 14, con dos fugas entre medias. Durante la primera, en los años 90, consiguió refugio en Paraguay, donde trabajó para el dictador Stroessner. Gracias a una denuncia periodística se logró su extradición y vuelta a prisión, pero siempre dio la sensación de que recibía un trato deferencial por parte de las autoridades españolas. De otra manera no se explican sus dos fugas, los permisos penitenciarios por buena conducta, el cierre del sumario (que se logró reabrir por la presión popular), su liberación en 1996, y ahora la noticia que ha indignado a España: Emilio Hellin Moro colabora actualmente con el Ministerio del Interior, con identidad manipulada, como experto en rastreos informáticos. El dato fue develado el pasado domingo 24 de febrero, 33 años después del asesinato de Yolanda, en investigación del periodista José María Irujo, publicada por el diario El País.
Hay dos mitos que sobre la transición española que se han anclado en el imaginario colectivo: primero, que fue una transición pacífica, y segundo, que respondió a un plan perfectamente trazado y pilotado por el rey Juan Carlos. Pero la realidad contradice estos dos axiomas interesados.
La transición fue todo menos pacífica. El periodista Mariano Sánchez, especialista en el tema, demuestra en su libro La transición sangrienta que en realidad el periodo cobró más de 600 víctimas de violencia política entre 1975 y 1983. Como ejemplo comparativo, sirva el hecho de que hubo más víctimas que en el 25 de abril portugués, o que en el caída de la Junta de los Coroneles en Grecia.
En relación con el llamado diseño de la transición, cabe señalar que entre noviembre de 1975 y junio de 1976 los trabajadores, los estudiantes, los profesionales y todos los estamentos de la sociedad española se movilizaron forzando una aceleración del ritmo de cambio, que condujo a las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 y a un conjunto de pactos para lograr la estabilización del nuevo régimen alrededor de la monarquía.
De esta transición pactada
salieron elementos importantes de continuidad con el régimen anterior, en primer lugar la conservación de la propia institución monárquica, y sobre todo de la naturaleza de los aparatos de Estado: fuerzas de seguridad, justicia y defensa, que aunque evolucionaron parcialmente, siguieron y siguen anclados en resabios franquistas.
El pasado 24 de febrero, la sorpresa ante la noticia de la colaboración de Emilio Hellín, asesino de Yolanda con las autoridades, produjo la movilización de miles de españoles indignados ante la pervivencia de restos del franquismo anclados en los aparatos del Estado. Y el caso de esta muchacha vasca, nunca olvidado del todo, ha vuelto a explotar. Lo hacen particularmente simbólico las características personales de la víctima, una joven comprometida, dirigente estudiantil, militante socialista revolucionaria, seria, responsable, vasca de familia obrera, como también la entereza de su familia, que ha hecho lo indecible para que el asesinato no pase impune.
La resonancia del caso se deriva también del tipo de asesinato: el paseo fascista; el secuestro; la falsedad de la acusación (la señalaron como perteneciente a ETA); el marco de grandes movilizaciones en que transcurrieron últimos días de su vida y los posteriores a su muerte: decenas de miles de personas en lucha contra las reformas estudiantiles del partido de gobierno UCD, como también de la opinión pública democrática que no estaba dispuesta a dejar pasar un crimen fascista más. Más el tamaño del escándalo subyacente: la implicación de policías y guardias civiles y del entonces partido de ultraderecha Fuerza Nueva y su jefe de seguridad, David Martínez Loza, quien diera la orden criminal. A esto se suma la connivencia de jueces de extrema derecha que cerraron el sumario, y la de la vigilancia penitenciaria que facilitó la fuga.
En el caso de Yolanda, la movilización popular y el celo de los suyos han conseguido a lo largo de los años éxitos significativos para la democracia española, en la lucha por la verdad y el castigo a los culpables; en la detención, procesamiento y condena de los autores e inductores; en la reapertura del sumario con más de 80 mil firmas de apoyo; en la condena de David Martínez Loza (después de esto Fuerza Nueva prácticamente desapareció); en la extradición del asesino fugado desde Paraguay; en la acción de los abogados José Mariano Benítez de Lugo y José María Mohedano, y en el blindaje del juicio frente a los fascistas que pretendían disiparlo.
El resurgir del caso ha traído consigo en estos días miles de firmas en Facebook, una asamblea conjunta de las coordinadoras de universidad y enseñanza media, una reunión de todas las fuerzas políticas y sindicales y un impresionante funeral simbólico que recorrió las calles de Madrid. Las fuerzas parlamentarias están exigiendo conjuntamente ante el gobierno del Partido Popular que de inmediato se ponga fin a toda colaboración de Hellín Moro con sus ministerios y con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y que se identifique públicamente la responsabilidad política en lo ocurrido, con los correspondientes ceses y dimisiones.
Hoy, la memoria de Yolanda ocupa un lugar especial en medio de la revuelta democrática española frente a la política de austeridad y recortes que impulsa el gobierno de la derecha, y que está transformando el milagro español en el espejismo español. Los jóvenes ocupan las plazas, los profesionales de la sanidad y la educación defienden los bienes públicos, los trabajadores luchan por su puesto de trabajo, y crece la exigencia general de nueva transición democrática en la que no queden ni rescoldos del pasado, ni cortapisas a la plena democratización del Estado.
*Secretario general del Partido Socialista de los Trabajadores en el momento del asesinato de Yolanda González
