En México y los demás países de América Latina persiste una visión maternalista de la política social, que no hace más que reproducir la persistente desigualdad económica de género, afirma el tercer informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al evaluar las políticas sociales de combate a la pobreza –para el caso de México, el programa Oportunidades–, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, señala que éstas están lejos de asimilar el avance de las mujeres. Aunque muchos programas las visibilizan y reconocen, en general no se inspiran en el marco de los derechos y prevalece una visión instrumental, especialmente de las mujeres pobres.

En el estudio Los bonos en la mira. Aporte y carga para las mujeres, se consigna que desde su puesta en marcha en la región, en los años 90, las políticas sociales se aplican desde una perspectiva en la que presentan a la mujer como madre, pero no como persona con derecho propio a la protección social. Ello, sostiene, refuerza la idea socialmente construida de que el cuidado es responsabilidad natural de las mujeres.

Esos programas, además, no han disminuido la pobreza, cuya magnitud sigue siendo preocupante. En la región viven en condición de pobreza 180 millones de personas, lo cual se agrava por los escasos logros en materia distributiva. Los datos señalan que el ingreso medio del 20 por ciento más rico de la población es 20 veces superior al del 20 por ciento más pobre.

Además, se incrementó la proporción de mujeres en condición de pobreza. En 2002 había en la región 109 mujeres pobres por cada 100 hombres en la misma situación. Dicha relación creció a 118 en 2010. Esa población femenina está marginada del mercado laboral y del acceso a la protección social.

Los programas sociales, se indica, lejos de promover la autonomía económica de las mujeres, lo que hacen es perpetuar y consolidar su condición de marginación y el rol que tienen como cuidadoras del hogar y de los hijos.

Tanto para el caso de Oportunidades –de México– como de los programas sociales de Chile, Argentina, Brasil y otras naciones, las transferencias de recursos sociales no han resuelto el problema medular: el empleo de las mujeres en condición de pobreza.

En consecuencia, los programas de transferencia de subsidios, indica la Cepal, no constituyen mecanismos útiles para promover la participación económica de las mujeres, en particular su inserción al mercado laboral.

Para ese sector de la población persisten oportunidades laborales muy poco atractivas, consistentes en empleos precarios, inestables y de baja remuneración, y los subsidios que se entregan mediante programas sociales resultan, en la práctica, un estímulo a la no participación laboral, que puede materializarse en un retiro del mercado laboral o en falta de incentivos para entrar en él.