El ex presidente Ernesto Zedillo interpuso el pasado viernes una moción suspensiva ante un juez federal de Connecticut, Estados Unidos, recurso con el cual pretende que se deseche en definitiva la demanda de indemnización por al menos 50 millones de dólares que enfrenta en los tribunales de ese país por su supuesta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada en 1997, reveló a La Jornada un abogado contratado por el político priísta.

Sobre el amparo que un juez mexicano concedió esta semana a familiares de las víctimas de Acteal, para el efecto de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto deje insubsistente la nota diplomática en favor de Zedillo en Estados Unidos, el litigante, entrevistado a condición de que no se mencione su nombre, indicó que se trata de un fallo de primera instancia judicial que ya fue impugnado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Ministerio Público Federal adscrito al juzgado que otorgó el amparo.

Somos absolutamente respetuosos de las decisiones de los jueces, pero se trata de una sentencia que ya fue impugnada y que resolverá en definitiva un tribunal colegiado de circuito, indicó el abogado que asesora a Zedillo en México y que colitiga con un bufete jurídico estadunidense.

Los abogados de Ernesto Zedillo (presidente de la República de 1994-2000) presentaron en Estados Unidos un escrito al juez federal Alvin Thompson, en el que lo exhortan a aplicar en favor de su cliente la inmunidad solicitada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acusan a sus contrapartes de mentir en escritos presentados en semanas recientes para tratar de mantener vivo el caso.

Es muy probable que los abogados de Zedillo hayan presentado esta moción suspensiva como estrategia para hacer frente a la reciente decisión del juez mexicano de amparar a familiares de las víctimas de Acteal, ante la posibilidad de que ese amparo sea confirmado.

A decir del abogado consultado, la moción suspensiva forma parte de la aplicación de una estrategia previamente planeada por los despachos jurídicos involucrados en la asesoría legal del ex presidente, mas no responde a una acción legal específica.

Fecha de audiencia

El juez Thompson fijó para el próximo 22 de marzo una audiencia para escuchar a las partes, y será después de esa diligencia cuando pueda resolver por escrito sobre el desechamiento de la demanda contra Zedillo, si es que procediera la petición del político priísta.

En tanto, en México, el pasado 3 de octubre tres sobrevivientes de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, interpusieron una demanda de amparo para evitar que la cancillería proporcionara a Estados Unidos los datos de su identidad.

(Se solicita que) las autoridades responsables se abstengan de realizar las acciones de ampliación y/o modificación y/o difusión del documento emitido con la finalidad de hacer valer ante diversas instancias nacionales e internacionales la inmunidad diplomática del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, así como recopilación, envío y difusión de nuestros datos personales para remitirlos a Estados Unidos para que esa nación vecina tome represalias en nuestra contra por haber promovido un juicio contra un ex presidente mexicano, señalaron en su demanda.

El 16 de septiembre de 2011, a través del influyente despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, los sobrevivientes de Acteal presentaron de manera anónima ante los tribunales estadunidenses una demanda civil por 50 millones de dólares en contra de Zedillo por los daños ocasionados durante la matanza, en la que murieron 45 personas.

Según la demanda, presentada ante una corte federal de Connecticut, el ex presidente Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad, pues durante su gestión las fuerzas de seguridad mexicanas apoyaron a grupos paramilitares que perpetraron el multihomicidio.

En México el juzgado 16 de distrito concedió el 8 de octubre la suspensión provisional para que los datos de los demandantes no fueran transmitidos, y el 18 otorgó la suspensión definitiva.

A inicios de la semana pasada ese mismo juzgado amparó a los familiares de las víctimas de Acteal, fallo que ya fue impugnado.

El amparo fue para familiares de dos de las víctimas de la matanza de Acteal, al determinar que las autoridades mexicanas violaron la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como los de igualdad y no discriminación, al solicitar que el gobierno estadunidense concediera inmunidad para Zedillo, y con ello se asignara un tratamiento con criterios de índole política y de excepción que generan discrecionalmente la impunidad y la imposibilidad de que el ex mandatario siga bajo proceso judicial en Estados Unidos.