La desincorporación de activos de los monopolios como estrategia para reducir su poder de mercado se perfila como la punta de lanza de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Las opiniones polarizadas, como regularmente ocurre en este sector, se basan en que la desincorporación de activos afectaría sólo a las empresas dominantes en telecomunicaciones, pero no a las que concentran el mercado de radiodifusión, debido a que las redes de las televisoras no están interconectadas.

Para un grupo de especialistas en telecomunicaciones –incluso integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)–, la desincorporación de activos es la vía para generar condiciones equitativas de competencia.

Para otros es una medida que no cabe siquiera en la legislación respectiva, porque ya existe en la Ley Federal de Competencia Económica. No se ha aplicado, porque los costos son muy altos para el gobierno, porque las empresas volverán a crecer y porque la mejor herramienta es la regulación.

La única coincidencia hasta ahora es que la Cofetel debe fortalecerse, pero las divergencias vuelven a aparecer, porque para un grupo de especialistas en el ramo no debe asumir facultades de la Comisión Federal de Competencia (CFC), y tampoco debe desaparecer para que surja un instituto ciudadano de telecomunicaciones.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones no puede incluir la disolución de monopolios mediante la desincorporación de activos, porque esa medida ya existe en la Ley Federal de Competencia Económica, y porque la experiencia internacional ha demostrado que no es una estrategia efectiva, advirtió el académico Ramiro Tovar Landa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Indicó que la reforma por conocerse tampoco debe permitir que la Cofetel resuelva si una empresa es dominante en algún mercado –lo cual ahora es facultad de la CFC–, porque entonces la Cofetel resolverá sobre dominancia, sobre prácticas monopólicas, y el resultado será que los agentes económicos tendrán doble regulación, sin que eso garantice mejores resultados.

Tovar Landa precisó que la reforma tuvo un mal comienzo al excluir a académicos, especialistas y a los propios legisladores, por lo que se puede prever que no tendrá un tránsito fácil por el Congreso; se va a ampular.

José Luis Peralta, comisionado de la CofetelFoto Francisco Olvera

Legalmente, dijo, tampoco procede incluir esa medida en la normativa de telecomunicaciones, porque ya existe en la Ley Federal de Competencia Económica, en el apartado de sanciones, en los artículos 35 al 37. La desincorporación de activos de un monopolio tiene costos que empiezan por retirar el título de concesión, otorgar nuevos y regular a las empresas que se integren, entre muchos otros que la propia autoridad no se ha atrevido a abordar teniendo los instrumentos legales a la mano.

El director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, señaló que si en el Pacto por México se opta por la desincorporación de activos como instrumentos para diluir monopolios, entonces la reforma tendrá dedicatoria para una sola empresa, porque, precisó, las televisoras no tienen redes interconectadas y no se necesitan una a otra para transmitir.

En sentido contrario, el comisionado José Luis Peralta reiteró, a título personal y no de la Cofetel, que la desincorporación de activos es la vía para generar condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones, como ocurrió hace casi 30 años en Estados Unidos con el caso de AT&T, que se dividió en dos empresas de telefonía de larga distancia y cinco locales.

Ramiro Tovar señaló que el fortalecimiento de la Cofetel es un elemento que debe contener la reforma, pero puntualizó que sería un error si se le atribuyeran funciones que hoy son de la CFC. Sería un verdadero conflicto que además representaría doble regulación en competencia y no precisamente en telecomunicaciones.

El presidente del Instituto en Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria, resaltó la importancia de fortalecer y transparentar a la Cofetel, pero dijo que sería una equivocación desaparecer a este órgano regulador para crear un instituto ciudadano de las telecomunicaciones, porque lo que la Cofetel tiene a su cargo es el espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación y que no puede estar en manos de un ente ajeno a la administración pública.