Acapulco, Gro., 10 de marzo.

Unas 30 personas que dijeron ser familiares de desaparecidos durante la guerra sucia de las décadas de 1960 y 1970 en Guerrero aseguraron que los integrantes de la Comisión de la Verdad –creada en marzo de 2012 para investigar violaciones a los derechos humanos en la entidad– han hecho mal uso de los 20 millones de pesos asignados por el gobierno estatal para su operación.

En conferencia de prensa en el restaurante La Parroquia, ubicado en el zócalo de este puerto, habitantes de más de 10 comunidades de Coyuca de Benítez, Tecpan, Atoyac y San Jerónimo exigieron que los integrantes de la Comisión de la Verdad sean destituidos y que se haga una auditoría a dicho órgano.

En nombre de los inconformes, Rogelio Vargas Pineda manifestó que los 20 millones de pesos deben ser entregados a los familiares de 532 víctimas de la guerra sucia, con base en los expedientes reunidos hasta ahora.

Vargas Pineda sostuvo que la Comisión de la Verdad no ha cumplido sus objetivos; lo único que ha hecho es transcribir lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya tiene documentado, dijo.

Entrevistado vía telefónica, el presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz, expresó que si el Congreso local desea efectuar una auditoría al órgano está en su derecho.

Sobre la propuesta de repartir el dinero, señaló que éste no alcanzaría y la comisión desaparecería.

Adelantó que el 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia con familiares de víctimas en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, y en abril la comisión rendirá su segundo informe parcial.