Bahía de Banderas, Nay., 10 de marzo.

Siete ejidatarias viudas de la comunidad La Cruz de Huanacaxtle reclaman desde hace más de siete años 53 millones de pesos de indemnización por sus tierras, donde el gobierno estatal construyó una carretera de 7.2 kilómetros que conduce de esta comunidad a Punta de Mita.

Las mujeres dicen que han recurrido a todos los órganos de procuración de justicia en el estado, pero la única respuesta que encuentran es saliva y corrupción.

Conocidas como las viudas de La Cruz, aseguran que el dinero para las indemnizaciones se quedó en manos de una pequeña mafia del ejido, en contubernio con políticos y empresarios turísticos.

Aseguraron que han recorrido numerosas oficinas gubernamentales, sólo para que los burócratas las remitan a otras dependencias. Por eso, además de mantener 16 denuncias penales por despojo de tierras, decidieron pedir la intervención del presidente Enrique Peña Nieto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El gobernador les niega audiencia

Una de las mujeres, Julia Estrada Carrillo, señaló en voz de su hija Patricia que son 12 los ejidatarios afectados, de 33 legalmente constituidos en La Cruz de Huanacaxtle. Relató que han pedido audiencia con el gobernador, Roberto Sandoval, quien no las ha recibido.

Acusan al regidor de Bahía de Banderas por el Partido Verde Ecologista de México, Francisco Martínez Robles, de dificultarles el cobro.

Ahora para darnos el tiro de gracia, desde Los Pinos enviaron al visitador de la Secretaría de la Reforma Agraria Manuel Alonso Castillón Bravo, quien está coludido con las mafias, señalaron.

Otra de las afectadas, María del Carmen Gutiérrez, dijo que por su lucha han sido amenazadas y tememos por la seguridad de nuestras familias.