Más allá del Pacto por México suscrito con las principales fuerzas políticas del país y del resto de decisiones y medidas dictadas desde su llegada a la silla presidencial, sin duda la detención de la poderosa dirigiente magisterial Elba Esther Gordillo será recuerdo perenne en los mexicanos no sólo respecto a los primeros 100 días de la gestión de Enrique Peña Nieto, sino quizá de todo el sexenio.

El martes 26 de febrero, en el aeropuerto de Toluca, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron una orden de aprehensión contra la profesora bajo cargos de uso de dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

A ella le espera aún un largo proceso judicial y no se descartan actuaciones contra otros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o incluso del círculo familiar de la maestra. Pero al margen de su evolución, se ha interpretado como el acto de fuerza más explícito del presidente Peña Nieto, quien al dirigir un mensaje a la nación sobre este hecho reiteró su determinación de no permitir actuaciones al margen de la ley.

Desde el día siguiente de su toma de posesión, en la firma del Pacto por México en el Castillo de Chapultepec, el gobierno federal anunció su determinación de ir contra los llamados poderes fácticos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y encargado de las negociaciones hacia ese acuerdo, puntualizó en esa ceremonia: La tarea del Estado y de sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional.

Sin duda el otro acto de mayor impacto nacional en este lapso ocurrió el 31 de enero con la explosión en el edificio B-2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la capital del país y a consecuencia del cual han fallecido 37 personas.

Ubicado por las autoridades casi desde el principio como un accidente provocado por gas, el evento sigue investigándose; de acuerdo con declaraciones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el pasado viernes, ya no falta mucho para tener listo el resultado de las pesquisas.

Las primeras semanas de la administración del presidente Peña transcurrieron entre viajes a la provincia y anuncios sobre diversos programas apegados a los cinco objetivos trazados en su toma de posesión: un México en paz, incluyente, con educación de calidad, productivo y con protagonismo a escala global.

Diez días después de la firma del Pacto por México envió al Congreso una reforma educativa por la cual proponía retomar para el Estado la rectoría del sistema de enseñanza, así como crear el sistema profesional de docentes. El citado ordenamiento fue aprobado en ambas cámaras y pasó enseguida a los congresos locales por tratarse de una modificación constitucional. Mientras el SNTE y el magisterio independiente se oponían a tales cambios, el proceso siguió su curso y Peña Nieto promulgó la nueva legislación en febrero pasado, un día antes de la detención de la maestra Gordillo Morales.

En diciembre también entregó al sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes –sobre todo centroamericanos– que llegan a México por la frontera sur, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012.

Enero fue también un mes de acontecimientos surgidos desde la Presidencia o con efectos al menos de opinión pública sobre ésta. El 9 de enero, tal como lo había ofrecido el día de su llegada a la Presidencia, Enrique Peña publicó la Ley General de Víctimas y ante activistas y defensores de quienes han padecido los efectos de la criminalidad, como el poeta Javier Sicilia, habló de México como un país lastimado por la delincuencia y donde miles de personas han sufrido los estragos de la violencia.

El día 21, en Las Margaritas, Chiapas, puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre. La presentó como una acción no asistencialista sino para modificar el entorno de las 7.4 millones de personas ubicadas en la estadística de pobreza extrema y carencia alimentaria.

Dos días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Los ministros atribuyeron violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos para decretar su excarcelación.

A fines del mismo mes, Peña Nieto realizó su primer viaje internacional. Estuvo en Chile para asistir a la cumbre de los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y otra más entre este organismo y los mandatarios de la Unión Europea. En ese mismo periplo también visitó por unas horas Uruguay.

Día 101: lo que viene

En estos meses, el discurso del titular del Ejecutivo sobre el extendido fenómeno de la violencia del crimen organizado –cuyas cifras de asesinatos no han disminuido con respecto a las ocurridas en el sexenio pasado– no ha sido el tema fundamental.

A mediados de diciembre había encabezado la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde presentó las seis líneas de acción a seguir en esta materia y más tarde, el 12 de febrero en Aguascalientes, anunció la puesta en marcha del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

También el mes pasado realizó su segundo viaje al extranjero. El 25 llegó a Costa Rica para intervenir en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericano (Sica).

Al iniciar marzo y acercarse a los 100 días de gestión, Peña Nieto atestiguó también las transformaciones a los principios y estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mediante los cuales él fue investido de mayores potestades dentro de la estructura de ese órgano político y, sobre todo, recibió el aval y las promesas de apoyo suficientes para impulsar los cambios legislativos convenientes a su proyecto de gobierno y los cuales, ya se anticipa, podrían referirse a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas y, en materia energética, la apertura al capital privado a Pemex.

Así, y a punto de llegar a los cien días de su gobierno –para lo cual convocó hoy a una reunión en Palacio Nacional– Peña Nieto realizó su tercer viaje al extranjero, esta vez para acudir a los funerales del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Estuvo menos de un día en aquel país y regresó el viernes por la noche a la ciudad de México.

Al parecer, y con apego al simbolismo de los días, el político del PRI iniciará otra cuenta a partir del 101, con el lanzamiento de la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones, tal como lo ofreció el 1º de diciembre de 2012.