a tenaz resistencia de los comuneros ikojts y binniza que enfrenta en el Istmo oaxaqueño a la construcción del que sería el parque eólico más grande de América Latina en la Barra de Santa Teresa ha puesto al descubierto los intereses que mueven a diferentes actores políticos. Los mil cien millones de dólares que vale el negocio han sido más que suficientes para comprar a diputados de todos los partidos, a funcionarios públicos de los tres niveles y a líderes de antiguas y combativas siglas. Los cañonazos obregonistas resuenan con todo su estruendo en el Istmo mexicano, donde se reivindican las energías limpias a costa de los derechos de los pueblos originarios.
El corporativo Mareña Renovables desembolsó más de mil millones de pesos para adquirir en marzo de 2011 los derechos de la empresa española Preneal de México SA de CV, para la construcción de este parque que contaría con 132 aerogeneradores gigantes proveídos por la empresa danesa Vestas. Preneal arrancó el proyecto el año 2003 y durante ocho años tramitó permisos y obtuvo autorizaciones contando para ello con el apoyo de funcionarios federales y de los operadores del siniestro gobernador Ulises Ruiz. El soborno fue el principal medio usado para ganar voluntades.
Cuando en enero de 2012 los comuneros ikojts de San Dionisio del Mar supieron que mil 643 hectáreas de uso común habían sido cedidas de manera fraudulenta a la empresa Mareña Renovables, comenzó la rebelión. De inmediato desconocieron al presidente municipal Miguel Castellanos, quien había recibido más de 20 millones de pesos por extender permisos y acto seguido tomaron el palacio municipal, el cual después de un año mantienen en su poder.
A partir de esa fecha, los comuneros rebeldes han sido víctimas de todo tipo de ataques y hostigamientos por parte de operadores políticos priístas como Ernesto Juárez y Jorge Castellanos, quienes formaron parte del gobierno de Ulises Ruiz. En San Dionisio han circulado grandes cantidades de dinero y de amenazas para terminar con la resistencia; sin embargo, un número importante de comuneros se mantienen firmes hasta hoy. Estos operadores han sido apoyados abiertamente por los diputados Samuel Gurrión, Francisco López García y Elías Cortes, quienes actúan abiertamente como empleados de la empresa trasnacional.
La resistencia contra el megaproyecto se extendió a finales del año pasado, en el otro lado de la laguna, a la colonia zapoteca de Alvaro Obregón, ya en el municipio de Juchitán; ahí la empresa, junto al gobierno del cambio que encabeza Gabino Cué, desplegó una triple estrategia para acabar con la resistencia indígena que ha impedido el paso de la maquinaria a la barra. Los binniza se atrincheraron en la emblemática casona en ruinas que fuera la hacienda del general revolucionario Heliodoro Charis Castro y levantaron sus barricadas. Ahí, a través de algunos dirigentes de la antaño combativa Cocei, repartieron millones de pesos para convencer a los campesinos para que le abrieran paso a los trabajadores de la empresa; como fracasaron en su intento, en dos ocasiones a principios de noviembre pasado y ahora en febrero de este año, cientos de policías estatales atacaron a los rebeldes y estos repelieron exitosamente la agresión. Mientras ello ocurría, varios conocidos pistoleros amenazaron de muerte a los voceros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y a líderes comunitarios y de otras organizaciones solidarias como la Ucizoni.
