arece que por fin habrá una reforma migratoria en Estados Unidos, pero que ésta sea la solución a la migración irregular es otro cantar. Depende del tipo de reforma que se logre negociar en el Congreso y de la voluntad política de llevarla a término.

La reforma de 1986 (IRCA) se dio en un contexto donde se preveía una etapa de crecimiento económico y se requerían trabajadores con urgencia. De ahí la generosidad de la reforma, que fue calificada como amnistía, y se legalizó a 3.2 millones de migrantes. Pero las previsiones legales de aquella reforma se cumplieron sólo parcialmente, otras demoraron mucho en realizarse y algunas no se llevaron a cabo.

El resultado fue precisamente contrario a lo que se esperaba: la migración irregular, que era de un millón de personas en 1988, creció hasta llegar a 11 millones actualmente.

En 2013 el contexto es totalmente distinto, todavía no se sale de la crisis económica y financiera desatada en 2008, el proceso de recuperación es muy lento y la tasa de desempleo sigue muy alta para los estándares estadunidenses (en torno a 8%).

En el tema migratorio las reformas suelen responder a problemas urgentes de corto plazo y sólo se pretende legislar para el mediano plazo. En buena parte porque es un proceso dinámico y cambiante, además de la tensión entre las urgencias de la economía (demanda de mano de obra) y el doble rasero con el que se aplica la ley. Es por eso que las leyes migratorias dan signos de ineficiencia a los 10 años de promulgadas, y a los 20 entran en situación de colapso.

Con el paso del tiempo, los políticos aducen que hay consecuencias de la ley no esperadas o anticipadas, por lo que es necesario legislar nuevamente y ajustar los sistemas de control. En realidad muchas de las consecuencias no estaban previstas, porque se supone que la ley se va aplicar con todo rigor, lo que no siempre sucede. No es factible que un legislador prevea o reconozca que la ley que promulgó no se vaya a aplicar.

Por ejemplo, la ley de 1986 estipulaba sanciones a los empleadores que contrataran indocumentados, pero nunca hubo voluntad política para aplicarla, ni los medios efectivos para verificar la autenticidad del documento que se solicitaba: el Social Security Number.

De ahí que el tráfico masivo y abierto de documentos y la multiplicación de identidades falsas fuera una consecuencia no anticipada. Los empleadores recibían los documentos y simplemente los guardaban en el archivero, no tenían modo de verificar su autenticidad y ellos partían del principio de que el documento era válido hasta que se demostrara lo contrario. Supuestamente no eran conscientes de contratar indocumentados, por tanto eran inocentes y la ley no podía aplicarse.

La situación contaba con la complicidad del gobierno, que hacía muy poco al respecto, por la sencilla razón de que todos esos números falsos pagaban impuestos regularmente y lo que es mejor, no devengaban beneficios en el presente, ni los reclamarían en el futuro.

Ahora se pretende solucionar este problema y hacer obligatorio el sistema de verificación de identidad (E-Verify). Pero ya se adelantó que habría un periodo de gracia de dos años para los empleadores que contraten a más de mil personas, es decir las grandes empresas. Pero ya tienen la solución en puertas, si hay reforma, habrá regularización y los indocumentados serán muy pocos.

Por otra parte, será muy difícil que en tiempos de crisis se castigue a aquellos que generan riqueza y trabajo, los empleadores. La marcha de la economía es una prioridad absoluta, no se puede atentar contra los empresarios, el futuro del país depende de ellos.

Se parte por tanto de un razonable escepticismo de que la ley sólo se aplicará parcialmente, por lo que se espera que no se dé una solución definitiva a la migración irregular. Las sanciones a empleadores van contra el espíritu y la práctica del capitalismo. En vez de exigir y perseguir a los empleadores es más fácil ir contra los migrantes, al fin y al cabo con la sola sospecha de que una persona sea irregular la policía puede proceder a cumplir esa fracción aprobada de la Ley Arizona.

La consecuencia anticipada, en este caso, es la creación de un mercado negro de trabajo al que ingresarán los migrantes no regularizados y los nuevos que lleguen de manera subrepticia. Hay que señalar que hoy la mayoría de los 11 millones de migrantes irregulares no están en un mercado negro de trabajo, a pesar de sus pésimas condiciones laborales, deben pagar impuestos y se les respeta en términos generales el salario mínimo.

Los migrantes que no puedan acreditar su estado legal, tendrán que sumergirse en la vorágine de un mercado negro laboral, que no respeta mínimos, paga el salario en efectivo y se escapa de las regulaciones laborales.

El otro tema pendiente, que no está en la mesa de negociaciones, es el del control a la hora de la salida. Si sólo se controla el ingreso, seguirá como práctica rutinaria que los turistas abusen del tiempo estipulado en su visa y pasen a ser irregulares, por otro lado muchos de los trabajadores temporales se quedarán definitivamente. Hace unos años se hizo el intento en algunos aeropuertos donde uno debía checar la salida con el pasaporte, pero sólo fue un intento.

Con la frontera controlada la nueva migración irregular habrá entrado con visa. La forma I-94 que se supone hay que dejar a la salida no sirve para nada y nadie la controla. De hecho si uno entra por la vía aérea y sale por tierra no hay lugar donde entregar la forma I-94.

En resumen, en 20 años tendremos en puertas una nueva reforma migratoria. Pero en el corto plazo, los migrantes irregulares serán una cifra controlable que ya no preocupará a los medios, ni a los políticos, ni tampoco molestará a la opinión pública.