Villahermosa, Tab., 9 de marzo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió el apoyo de las autoridades en las otras 31 entidades federativas a fin de investigar las adquisiciones inmobiliarias de los colaboradores del ex gobernador priísta Andrés Granier Melo, como parte de las indagatorias por el desfalcó de mil 900 millones de pesos del erario cuando éste ostentaba el cargo, reveló el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela Pernas.

El funcionario afirmó que el ex mandatario podría ser llamado a declarar a la Procuraduría General de la República (PGR), aunque su nombre no aparezca en la demanda que interpuso la actual administración estatal ante las autoridades federales por el presunto desvío.

Indicó que hay confusión al pretender creer que el inicio de una denuncia pareciera el fin de una sentencia, cuando es el principio de una investigación, y explicó que la PGJE conoce los hechos, por lo cual la Secretaría de la Contraloría no cita el nombre del ex mandatario en su denuncia”.

Añadió que primero se debe señalar a los responsables directos del manejo de áreas operativas, pero en el transcurso de las pesquisas debe determinarse si tiene relación con la malversación de recursos públicos, por ser el superior jerárquico.

Manifestó entonces que si la PGR lo considera, Granier podría ser llamado a declarar, pues debido a su estatus como gobernador, debió conocer de los hechos.

Valenzuela informó que solicitaron la colaboración de los registros públicos de la propiedad en el país, a los que han pedido detallar si alguno de los ex funcionarios de la pasada administración adquirió algún inmueble en esas entidades, durante la gestión de la anterior administración.

El gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez ha hecho público que los principales desvíos de recursos y desórdenes financieros han sido detectados en las secretarías de Salud, Educación Finanzas y Obras Públicas, por lo que se investiga a los ex funcionarios.

Edomex: posible desvío de fondos

En el estado de México, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del ayuntamiento de Tlalnepantla denunció ante la contraloría municipal un presunto desvío de recursos por 7 millones de pesos provenientes del fondo federal del programa de Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) en la gestión 2009-2012.

El comisario de la dependencia, Manuel Alvarado Ramírez, explicó que en ese periodo la alcaldía habría recibido 20 millones de pesos del Subsemun, pero según los estados financieros no hay claridad en el ejercicio de los recursos federales, por lo que pidió una investigación.

Con información de Silvia Chávez, corresponsal